Declaran improcedente tutela con la que Leyton Barrios buscaba regresar a la rectoría de la UniAtlántico
Pedía que se le protegieran derechos fundamentales al ser “cabeza de familia”.
El Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla declaró hoy improcedente la acción de tutela que presentó el exrector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres contra el Ministerio de Educación Nacional, recurso con el cual buscaba se le restituyera en la rectoría.
Solicitaba se dejara sin efecto por parte del Ministerio la resolución del 11 de diciembre pasado en la cual se designó como su reemplazo a Rafael Castillo Pacheco, como medida preventiva de vigilancia a la Universidad del Atlántico.
Cuestionaba la cartera de educación una presunta falsedad en las certificaciones laborales que sobre experiencia docente presentó Barrios para participar en la elección de rector.
Leyton Barrios, quien fue elegido por el Consejo Superior de la alma mater el 27 de octubre de 2025, vinculó en la misma tutela a la Gobernación, al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y a la Procuraduría General de la Nación.
Se resolvió en el fallo de tutela “declarar improcedente la acción de tutela invocada por Leyton Barrios por la presunta violación de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, intimidad personal, al buen nombre, la honra, la libertad y la autonomía universitaria".
También pedía que se le tutelaran los derechos fundamentales a la educación, el trabajo y el debido proceso de los estudiantes y graduandos de la institución.
El despacho judicial declaró la improcedencia de la tutela pues "existen mecanismos judiciales idóneos y adecuados para debatir la legalidad de los actos administrativos ante el juez natural, esto es, la jurisdicción de lo contencioso administrativo".
En su exposición de motivos Leyton Barrios manifestaba ser "responsable de la manutención de sus dos hijos menores de edad y que su salario como Rector constituye la fuente principal y fundamental para atender las cargas económicas del hogar. Por ello, sostiene que al dejar de percibir dicho ingreso se afecta de manera directa la calidad de vida, educación, salud y desarrollo integral de los menores".