Abelardo De La Espriella exigió una investigación a los órganos de control sobre los presuntos vínculos contractuales por más de $20.038 millones entre entidades del Estado y una asociación indígena de La Guajira relacionada con familiares de Armando Wouriyú Valbuena.

Esta persona sería promotora de la Constituyente impulsada por sectores cercanos al Gobierno Petro.

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Los contratos habrían sido suscritos entre 2023 y 2026 con entidades como el ICBF, los ministerios del Interior, Educación, Agricultura y Salud, el Dane, así como con las alcaldías de Uribia y Riohacha y la Gobernación de La Guajira, por cerca de $17.000 millones.

De La Espriella afirmó que estos recursos públicos son clave para enfrentar los graves problemas de acceso al agua, la desnutrición infantil, la pobreza, la salud, las vías y la presencia efectiva del Estado.

El candidato aseguró que en La Guajira están esperando soluciones reales, pero lo que conocen son denuncias sobre millonarios contratos alrededor de estructuras cercanas a promotores políticos del Gobierno.

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Advirtió que, según fuentes de la región, algunos programas han tenido baja ejecución en el territorio, pese a estar dirigidos a pescadores artesanales, huertas y proyectos productivos en zonas afectadas por pobreza e inseguridad alimentaria.

Abelardo sostuvo que el país debe conocer en qué se destinaron los recursos.

"En La Guajira se honra la palabra. Mi compromiso con los habitantes del departamento es que los recursos públicos serán protegidos y que quienes hayan abusado de ellos deberán responder ante la justicia", dijo De La Espriella.