La Contraloría General de la República imputó cargos por cuantía de $630 millones de pesos contra el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por posibles inconsistencias e irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación de Escolar (PAE) en el segundo semestre de 2015, en este departamento.

De igual manera, fue imputado el Secretario General del Departamento en esa época, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, quien suscribió el contrato correspondiente y hoy sigue fungiendo en este cargo, toda vez que fue ratificado por la administración departamental actual.

Igualmente, al Secretario de Educación departamental de la época, Jorge Eliécer Araujo, quien hoy también desempeña este cargo

Además, fueron imputados cargos al contratista, al que como único oferente se le adjudicó el contrato para la operación del PAE.

El contrato cuestionado

El contrato objeto de investigación, suscrito el 21 de agosto de 2015 por un valor de $17.145 millones, para ser ejecutado en 59 días del calendario escolar, estaba dirigido a beneficiar a niños, niñas y adolescentes de la áreas rural y urbana del departamento del Cesar.

La Contraloría General, encontró posibles irregularidades por la sobreestimación o mayor valor negocial en el contrato, producto de una deficiente planeación y estructuración de costos de la ración alimentaria.

En la operación del PAE en el departamento del Cesar, durante las vigencias 2014 y 2015, confluyeron recursos del Ministerio de Educación Nacional, transferidos mediante convenio suscrito con la Gobernación, así como la asignación directa mediante acto administrativo que daba cuenta del valor establecido por ración.

El departamento se apartó de este segundo esquema y elaboró una estructuración de costos en el que para determinar el valor de la ración se adicionaron conceptos como el pago de Índice de Precios al Consumidor IPC y de estampillas, por encima del valor o porcentaje real.

Computo de IPC e imprevistos simultáneos

De acuerdo con el análisis probatorio efectuado en la instancia procesal, se pudo determinar que el presunto daño patrimonial se configura en la simultaneidad en el cómputo del IPC en un porcentaje del 4.4% e imprevistos en 5%.

Esta situación ocasionó un mayor valor de los costos tasados, contratados y pagados por la gobernación del Cesar, que fueron estimados en la etapa de planeación del contrato objeto de investigación.

Por otra parte, durante el año 2015, con los mismos operadores vinculados en este proceso, el Ministerio de Educación Nacional contrató los complementos alimentarios en $971 para la ración de desayuno y $1.320 para almuerzo, mientras que, en el contrato suscrito por la Gobernación del Departamento del Cesar, contrataron la ración a $1.760 desayuno y $2.330 almuerzo, sin que haya sido mejorada la minuta de ración alimentaria.

La diferencia entre lo contratado y pagado por el Ministerio, en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar, respecto a lo pagado por el departamento del Cesar, oscila en $789 para desayuno y $1.010 para almuerzo, lo que constituye un mayor valor pagado.

Sobreestimación del 1% de estampillas

En la etapa probatoria del Proceso de Responsabilidad que adelanta la Contraloría General y por el cual se imputaron cargos, se logró determinar la existencia de un punto porcentual adicional que no corresponde al concepto de estampilla pese a haberlo estimado así en el valor de la ración.

Fue así como, de una forma inexplicable, en la estructuración de costos de la ración, el departamento del Cesar, estimo un porcentaje del 5.5% por pago de estampillas -cargado a la ración-, cuando por Ordenanza Departamental[1], el porcentaje total fijado por estampillas es del 4.5%, el cual le correspondía asumir y pagar al contratista.

Con esta indebida estimación del 1% para el pago de estampilla, desembolsado al contratista con el pago de las raciones a un precio estimado de manera injustificada, se ocasionó un detrimento por $75 millones.

Presunta responsabilidad del exgobernador

En el auto de imputación emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Cesar quedó plenamente establecido que el gobernador para la época de los hechos, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, al delegar en el Secretario General la ordenación del gasto, tenía el deber legar de vigilancia sobre las actuaciones del delegatario, sumado a que al suscribir el contrato de aporte con el Ministerio de Educación Nacional, conocía de antemano, el valor los valores estipulados, por lo que debió estar atento a la planeación efectuada por sus subalternos, para la destinación y mejor aún especificación en los gastos de los recursos del PAE.