El traslado forzoso de EPS de más de 6 millones de colombianos, que el Gobierno de Petro ordenó mediante el decreto 0182, fue suspendido por el Consejo de Estado.

Si bien el Tribunal de Cundinamarca ya había tomado una medida cautelar de suspensión provisional, ahora el alto tribunal advirtió que este acto administrativo del Ministerio de Salud va en contra de las normas.

El Consejo de Estado consideró que el decreto provocaría un "perjuicio irreversible" para los usuarios.

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"Produciría una afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular de la libre escogencia y de los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio", expresó.

Asimismo, indicó que, de manera preliminar, hay un impacto sobre los derechos de los usuarios, el cual resulta superior al beneficio que se pretende obtener.

"Las medidas examinadas restringen de forma intensa el derecho fundamental a la salud, así como la libre elección de EPS, generando con ello riesgos ciertos que afectan los principios de accesibilidad, oportunidad, integralidad y continuidad en la prestación del servicio". 

Incluso, el Consejo de Estado lo consideró una "regresión injustificada" en el sistema de salud.

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El Consejo de Estado explicó que "los alegados beneficios que se buscan con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento deben contrastarse con efectos concretos, tales como reducción significativa de la oferta de EPS en múltiples departamentos y municipios; asignación masiva de usuarios a entidades con fallas estructurales en la prestación del servicio o intervenidas administrativamente; concentración masiva de afiliados en una única entidad con más del 20 % de participación; y afectación a la libre escogencia por falta de alternativas reales".