El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió a través de una medida cautelar de urgencia las disposiciones contenidas en el Decreto 182 de 25 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que pretendía reasignar a 6,5 millones de usuarios a distintas EPS en el país.

La medida se adoptó tras la solicitud hecha por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez a través de una acción popular, pretendiendo la “protección de los intereses colectivos a la moralidad”.

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Esta medida cautelar se impone hasta que se decida de fondo el asunto mediante sentencia.

Las medidas contenidas en el decreto de Minsalud, según se expuso el Tribunal, tendría el potencial de vulnerar los derechos colectivos si solo permanece un operador en los municipios.

“Si no se adopta la medida previa, el riesgo se consuma, y si se concede, se preserva provisionalmente el objeto del proceso, por lo cual resulta más gravoso negar la medida que concederla”, explicó el magistrado ponente Daniel Montero Betancour sobre la motivación de la medida cautelar.

El controversial decreto de Minsalud pretendía reasignar a 6,5 millones de colombianos. La Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno, iba a recibir 2.6 millones de afiliados adicionales a los 11.580.267 que ya tiene.

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El aumento iba a ser del 22,6% para esta EPS, que está en una marcada crisis financiera que ha afectado a sus millonarios usuarios. La Contraloría indicó que la deuda es de $21,37 billones y que el patrimonio pasó a un saldo negativo de $6,25 billones.

Según el Ministerio de Salud, el propósito central del proyecto normativo es "proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Lo anterior se iba a lograr, según la cartera ministerial, mediante la adopción de criterios objetivos de ordenamiento territorial y poblacional del aseguramiento, orientados a facilitar el acceso efectivo e integral a los servicios de salud.

En su análisis técnico, el Minsalud evidenció "persistentes fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento, enfocadas en la fragmentación excesiva de afiliados, la presencia marginal de múltiples aseguradores en territorios sin escala poblacional suficiente, la selección adversa geográfica y la pérdida de economías de escala necesarias para la gestión integral del riesgo en salud”.