El Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional formular la política de bienestar de animales domésticos y silvestres en un término máximo de tres meses.

El mandato judicial vincula al Presidente de la República, a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, del Interior y al de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Instituto Colombiano Agropecuario.

La petición se fundamenta en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, que hasta el momento no ha sido atendido.

Por esta razón se instauró una demanda de acción de cumplimiento según la cual la obligación surge del artículo 324 de la Ley 1955 del 2019, que describe el contenido de la política de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, y establece que debía ser formulada en un plazo máximo de seis meses, el cual venció el 25 de noviembre del 2019.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció que no se atendió el deber legal en cuestión y ordenó a las entidades responsables cumplir el mandato impuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, en un término máximo de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia de cumplimiento.

Señaló que el plazo incluso se venció antes de la aparición de la pandemia del Covid-19, circunstancia que no justificaba su inobservancia, por lo que confirmó la orden que el Tribunal le impartió al Gobierno nacional para que cumpla, en el plazo de tres meses, con la obligación de formular la política de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres.