La admisión del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., a un proceso de reorganización empresarial, el pasado 16 de septiembre, por parte de la Superintendencia de Sociedades, aumentó la incertidumbre y la desconfianza sobre el futuro de las obras de ampliación y modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’.

Un megaproyecto que típicamente se podría definir como “lo que comienza mal, termina mal”, teniendo en cuenta todas las inconsistencias que ha tenido desde el inicio de su ejecución el 15 de mayo de 2015.

En efecto, a lo largo de todo el proceso la contratación ha sido ampliamente cuestionada al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., integrado por las sociedades Valorcon S.A. (41,50%); Equipo Universal S.A. (41,50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17,00%), al tiempo que la interventoría ha estado a cargo del Consorcio Interaeropuertos S.A.S., conformado por Inzett S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), GNG Ingenieria S.A.S. (Jorge Gómez Falla) y J. Felipe Ardila V & CIA S.A.S. (David Ardila Briceño).

Cuestionamientos a los que obviamente están vinculados la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como contratante y el Ministerio de Transporte como rector del sector.

Los retrasos y las graves dudas acerca de los trabajos que apenas se han logrado realizar, han estado en el orden del día. Desde luego, son los propios usuarios que diariamente transitan por la terminal aérea los primeros perjudicados y que, de manera permanente, han estado denunciando los hechos con videos y fotos.

Las intervenciones de la Contraloría General de la República -CGR-. parecen no dar resultados efectivos puesto que, a pesar de las advertencias que podrían concurrir en un detrimento patrimonial al Estado, el concesionario, por el contrario, presentó una multimillonaria reclamación a la Nación.

En otras palabras, para el concesionario, somos los colombianos quienes le debemos a ellos por la debacle en el ‘Ernesto Cortissoz’ y no ellos al país por el desastre como se ha llevado a cabo la concesión.

‘La cereza del pastel’

En medio de todas estas situaciones y cuando se pensaba que de alguna forma el Gobierno pondría en cintura al concesionario y estos a su vez ajustarían el proceso para darle cumplimiento a las obras, surgió ‘la cereza del pastel’.

No solamente ya habían presentado la multimillonaria reclamación contra el Estado sino que, además, presentaron la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades para someterse a un proceso de reorganización empresarial.

¡Lo que faltaba para completar el desastre!

El memorial respectivo fue radicado por Nicolás Alfonso Tirado Tirado, en su condición de apoderado del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. y admitido el 16 de septiembre por parte de Yulieth Paola Avila Suarez, Coordinadora del Grupo de Admisiones de la Supersociedades, luego que el concesionario cumpliese con los requerimientos que le fueron formulados a su solicitud.

En esa solicitud fue aportada una certificación suscrita por Juan Francisco Herrera Bojanini como representante legal y Luz Elena Fontalvo Martinez como contadora de Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., en la que expresan que la citada sociedad “tiene obligaciones contraídas en desarrollo de su actividad, vencidas por un período superior a noventa (90) días (conjuntamente, las “Obligaciones en Cesación de Pagos”)”, además que “las Obligaciones en Cesación de Pagos conjuntamente representan más del diez por ciento (10%) del pasivo externo de la sociedad”.

En principio la documentación aportada por el concesionario no fue de buen recibo para la Supersociedades, “dado que no presentaba el detalle de cada una de las partidas reveladas en el estado de situación financiera. Además, los saldos presentados en el estado de situación financiera no coincidían con el valor total de los activos y pasivos presentados en el estado de inventario”.

Concretamente, en el estado de situación financiera se revelaban activos por valor de 688.005 millones 457 mil pesos, mientras que en el estado de inventarios de activos y pasivos se relacionaban activos por 279.300 millones 941 mil pesos. 

Mientras que en el estado de situación financiera se revelaban activos por valor de 729.155 millones 732 mil pesos y en el estado de inventarios de activos y pasivos los pasivos relacionados sumaban alrededor de 202.743 millones 980 mil pesos, “cifra que no se pudo leer con exactitud, puesto que, además, el documento era ilegible”.

En respuesta, el concesionario presentó ajustado el inventario de activos y pasivos a 30 de abril de 2022, el memorial 24 de agosto de 2022 y la Súper procedió a la admisión al proceso.

¿Un extraño vuelo desviado para evadir responsabilidades?

La mayor preocupación sobre este comportamiento que ha tenido el concesionario radica en las consecuencias que su actitud tendría para las obras faltantes en el ‘Ernesto Cortissoz’.

Por ello, hay quienes consideran que se trata de una vil estrategia del concesionario para evadir sus responsabilidades frente a un megaproyecto que le quedó grande.

Y no es para menos, primero con una multimillonaria reclamación al Estado y ahora pidiendo pista para una reorganización empresarial.

Todo ello podría considerarse como una verdadera burla para el país y en particular para los atlanticenses, que ven alejadas así sus aspiraciones de competitividad en materia de conectividad aérea.

Otros concesionarios piden pista

Más sorprendente aún, en toda esta situación, resultó el reciente anuncio del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ayer viernes en Barranquilla.

Según el Ministro, existen inversionistas extranjeros y nacionales interesados en asumir la concesión del aeropuerto ‘Ernesto Cortissoz’.

Se trataría de un nuevo proceso en el que “el Gobierno será facilitador a pesar de la existencia de un tribunal de arbitramento”.

En ese caso, todo conduciría a que esta concesión estuviese milimétrica y sistemáticamente orientada a una inesperada final.

Lo que el Ministro Reyes no pudo explicar es bajo qué condiciones se daría el ingreso de un nuevo concesionario.

Cómo queda el futuro del ‘Ernesto Cortissoz’

En cualquiera de los casos, la situación actual deja abiertos los siguientes interrogantes:

¿Cuál sería el futuro de las obras faltantes para la modernización y ampliación del ‘Ernesto Cortissoz’

¿A qué procesos estarían avocados los socios integrantes del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.?

¿Qué responsabilidad tendrían los interventores?

¿Cuál sería la responsabilidad de la ANI al dejar prosperar la crisis del concesionario? ¿Falló el ‘riguroso’ seguimiento de la ANI?

¿Cuál será el papel de la Contraloría General de la República en la vigilancia de esta concesión?

¿Qué pasó con la actuación especial de fiscalización de hace más de un año?

¿Qué pasará con la multa de 3.000 millones de pesos que le impuso en enero la ANI al consorcio?. ¿Queda sin efecto?

¿Habrá renegociación de la concesión con un eventual nuevo concesionario interesado?

Y mientras se definen estas “cortinas de humo”, los usuarios siguen soportando toda clase de problemas como la falta de aire acondicionado, un adecuado servicio en todas las zonas y, lo que es peor, por esas graves deficiencias, la conectividad sigue bajan con el retiro de las principales aerolíneas.