El nuevo gobierno  colombiano se ha propuesto un objetivo muy ambicioso: lograr la paz total.  Hablar de paz total, significa no solo que desaparezca la lucha política armada interna, y que cese el enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Según la  Real Academia Española,  la paz  existe cuando el  Estado no está perturbado por ningún conflicto o inquietud, es disfrutar de una paz profunda. General, universal y que lo comprende todo en su especie.

Las estadísticas nacionales de víctimas de violencia, no solo incluye aquellas caídas en atentados,  sicariato, violencia común. También incluye víctimas  de sus familiares. Para el 2019 por cada 100.000 personas, mueren  24  por homicidios. En el 2020 la tasa fue de 22.4%; en el  2021 aumentó al 27% y  para el primer semestre  del  2022  subió al 29%.

Cifras alarmantes y significativas del poco respeto por la vida que  se respira; “… de 2022, en el país se han registrado 9.844 homicidios, lo que equivale a 36 muertes violentas cada día en las diferentes zonas de Colombia “” (RTVC-IdromoM-26-10-2022).

En el  presente año la violencia contra menores de edad  incluye 426  por homicidio, 211 suicidios, 25.585 víctimas de lesiones no fatales, (El Tiempo, 7-10-2022). Y la vergonzosa cifra “entre enero y septiembre de 2022, 15.823 niños, niñas y adolescentes habrían sido abusados sexualmente” (RTVC-IdromoM-26-10-2022). “El abuso sexual infantil es practicado por personas que tienen algún grado de parentesco o afinidad y, por ende, un vínculo relacional cercano con la familia del integrante que ha sido abusado sexualmente” (Martínez N, Calvo G, Sánchez M, 2018).

“Entre enero y septiembre de 2022 el sistema de salud ha identificado 92.668 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar. Es una cifra dolorosa: cada cuatro minutos una mujer o una niña fue víctima de algún tipo de violencia en Colombia (El Colombiano, 26-10-2022).

Cifras que retratan una sociedad carente de respeto y amor por nuestros niños y niñas, una sociedad compuesta por familias rotas, absorbidas por la cultura  de la violencia.

 ¿La violencia que se da  puertas adentro de nuestros hogares, es un factor de urgente neutralización, para que podamos algún día,  no muy lejano, afirmar que logramos la paz total?

Claro que sí, porque unas firmas entre grupos sociales, entre la institucionalidad y grupos civiles,  no son una varita mágica que transformará varias generaciones forjada en medio de la violencia política y común (narcotráfico, paramilitarismo),  estructural y cultural. 60 años de violencia requieren de un trabajo profundo y a gran escala, para cambiar la realidad nacional.

Trabajarle  al impulso de la paz desde la familia, es cumplir  con uno de los objetivos principales del mandato de la Unesco, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dentro de su plan de acción esta la construcción de una cultura de paz. (Objetivo 16).

El programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026” incluye crear el Sistema Nacional del Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado principalmente de las mujeres y el Ministerio de la Igualdad para avanzar hacia una sociedad sin brechas entre hombres y mujeres.

Prima expandir la capacidad de lo público el derecho a la alimentación, al cuidado y la educación  a la primera infancia.

El fortalecimiento de las Comisarías de Familia y Defensorías de Familia, la educación para la paz, la resolución alternativa de conflictos, el fortalecimiento y desarrollo de las Casas de la Cultura, los Centros Deportivos Territoriales, Museos regionales, Lugares de Memoria y Observatorios de Pensamiento, todo integrado en la Política Pública de Paz. 

Este proceso político renaciente,  orienta a las entidades territoriales a fijar políticas, programas y proyectos, dirigidos al logro de la paz y  un desarrollo social equitativo, que deben verse plasmadas en  los Planes de Desarrollo locales, regionales y  nacional.

La familia y la protección a la niñez, es un eje esencial que requiere más compromiso: estas políticas deben reflejarse en crear más casas refugios, aumentar cupos en  programas especializados de atención y acogida a niñez con derechos vulnerados (rehabilitación por consumo, problemas de comportamiento, embarazos tempranos, explotación infantil, infractores penales, etc.),  real fortalecimiento de las comisarías de familias (cumplimiento de la Ley 2126-2021), Fortalecimiento del ICBF, aumentar oferta de servicios de atención psicológica clínica y psiquiátrica en el régimen de salud,  programas masivos desde los centros educativos, de salud y medios de comunicación de capacitación a los padres de familia y cuidadores  como primeros  agentes forjadores de la cultura de paz, incluir en la primaria cursos sobre valores y comportamiento, y en los últimos niveles del bachillerato  sobre relaciones familiares y equidad de género.

En este proceso jugará  un papel importante la Comisión Legal de reconciliación y convivencia ejerciendo el control político y seguimiento a las entidades territoriales para que cumplan con el  propósito general  de  transformar  la cultura de violencia impregnada intergeneracionalmente en nuestras familias.