El precandidato presidencial Carlos Caicedo presentará en contra del Ministerio de Minas y Energía una acción popular con la que busca que el Estado colombiano no solo adquiera la totalidad de las acciones de la empresa Electricaribe, sino además que destine recursos públicos para realizar las inversiones que sean necesarias con el fin de mejorar la infraestructura y redes para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Igualmente que se tramite una ley que le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores subnormales subsidios del 100 % de la tarifa.

La acción popular será radicada este jueves 10 de agosto ante la Oficina Judicial del Palacio de Justicia de Barranquilla a partir de las 9:00 de la mañana.

El aspirante presidencial Carlos Eduardo Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana,  señaló sopbre este mecanismo que “el servicio que presta Electricaribe es pésimo y el origen de ese problema ya está plenamente identificado: privatizaron el servicio y se lo entregaron a unos españoles, que como ha quedado demostrado, poco le importaba nuestra querida población y ello se agudizó por cuenta de la omisión del Estado en vigilar correctamente esa prestación del servicio de energía en manos de los particulares".

 "La solución que se requiere es sencilla, se trata de que el Estado vuelva a ser el dueño de Electricaribe bajo las reglas de la ley 142 de 1994. También, se deben disponer recursos públicos para atender las urgentes inversiones que se requieren para garantizar el servicio. Y otro tema que sí que es fundamental, consiste en que el Estado debe subsidiar el 100 % de las tarifas para los estratos 1 y 2 y para los sectores y barrios subnormales. Todo lo que propongo tiene fundamento en la Constitución de 1991 y en la propia ley 142 de 1994”, opinó Caicedo.

Luego de referirse a las peticiones de la acción popular, agregó, “en Santa Marta dimos una pelea interesante para reivindicar el papel de nuestras comunidades y de los usuarios en relación con la empresa Metroagua, operada por el Grupo Español Inassa. El modus operandi de los españoles es el mismo, basado en extraer, extraer y extraer hasta que el servicio colapse y una vez eso ocurre ahí sí le entregan el problema al Estado y luego demandan para pedir cuantiosos perjuicios por cuenta del presupuesto público. Queremos que todos los costeños se unan a esta nueva lucha que emprendemos para dignificar los derechos de los usuarios y así asegurar el cumplimiento de los fines impuestos por la Constitución de 1991”.