La decisión del Gobierno Nacional de decretar el congelamiento de los peajes en este 2023 causa un desequilibrio económico de los contratos de concesión y genera un clima de inseguridad, aseguró este viernes la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI.

Mediante comunicado de prensa, el gremio expuso que las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.

Citó el caso particular de las denominadas IP (Iniciativas Privadas) que son proyectos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, lo que genera el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada.

Consideró además que el congelamiento de las tarifas de los peajes de las vías concesionadas se refleja en un cambio intempestivo en las reglas de juego “en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera, justamente, se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada”.

Para la Cámara Colombiana de Infraestructura, “preservar la confianza entre el Estado y el sector privado en pro del desarrollo de la infraestructura es un imperativo”, añadió.

Indicó además que como consecuencia de esta medida, el Estado se verá abocado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que

aproximadamente estos últimos dejarán de percibir, durante el año 2023 como consecuencia de las modificaciones tarifarias adoptadas a comienzos de esta semana, tal como lo anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En este caso –añadió- el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, además, tendría que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías.

Advirtió que la principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura.