La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico abrió indagación previa por obras del acueducto del corregimiento de Campeche, en el municipio de Baranoa, en Atlántico.

El Ministerio Público busca determinar presuntas faltas disciplinarias a las que hayan incurrido por el “abandono” de las obras.

Lea aquí: Designan a Ronald Velasco como director de Comfamiliar Atlántico

La indagación es contra servidores públicos indeterminados de la Gobernación del Atlántico.

En el auto de la Procuraduría refirieron algunas de las declaraciones entregadas por el secretario General de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, a medios de comunicación, en las que asegura que la obra fue contratada entre 2022 y 2023, con un costo aproximado de $4.000 millones.

El objeto del proyecto, según dijo, es la construcción de un tanque de almacenamiento de agua con sus respectivas redes de distribución para el corregimiento.

“Desafortunadamente hubo un contratista que la obra nos la dejó abandonada. Esa es la realidad, y nosotros en la administración pública encontramos buenos, regulares y malos contratistas”, mencionó Lemus en uno de los apartes de la entrevista.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede. 

Por estos hechos, la Procuraduría ordenó practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Decidió oficiar a la Gobernación del Atlántico para que responda por información del proyecto y la situación jurídica del contrato relacionado con el acueducto de Campeche.

Asimismo, allegar la certificación en la que conste el nombre e identificación personal de los servidores que ostentaban la calidad de ordenador del gasto y supervisor.

Se deberá indicar esa documentación la “última dirección registrada, número telefónico, correo electrónico, sueldo devengado para la época de los hechos 2022 tipo de vinculación, acta de posesión, la fecha de ingreso, permanencia, copia del manual de funciones, constancias sobre antecedentes laborales y disciplinarios internos”.

El Ministerio Público encargó a Karen Osorio García, asesor Grado 19 adscrito a la Procuraduría Regional, para que practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.