Los ataques con drones aumentaron en un 146 % entre enero y mayo de este año en Colombia, al pasar de 49 a 121, y dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas, según la radiografía de derechos humanos que la Defensoría del Pueblo entregó este lunes al nuevo Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

"La expansión de estos ataques hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas evidencian una transformación del conflicto armado que exige una estricta observancia de las normas del derecho internacional humanitario", señaló la Defensoría en su informe 'Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir'.

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El informe mostró que el uso de sistemas aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una de las nuevas formas de la violencia armada en el país que afecta tanto a militares como a civiles en zonas de conflicto.

Indicó que, en los primeros cinco meses del año, se registraron 121 ataques, más del doble de los 49 contabilizados en el mismo período de 2025.

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La entidad explicó que el documento reunió principalmente información estadística procedente de fuentes oficiales, complementada con la que recoge diariamente en los territorios, y que busca servir como guía para la planeación y la toma de decisiones del Gobierno y del nuevo Congreso.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló en un vídeo que la radiografía permite identificar "las principales fortalezas, pero también las brechas" existentes en la garantía de los derechos humanos y aquellos ámbitos en los que se requieren mayores esfuerzos por parte del Estado.

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"Ponemos este documento a disposición de todo el país y de todas las autoridades públicas con el propósito de que pueda ser un insumo útil para los procesos de planeación y para la toma de decisiones de este nuevo gobierno y del nuevo Congreso de la República", agregó Marín.

Expansión territorial de la violencia

La entidad señaló que sus alertas tempranas alcanzan a 396 municipios de los 1.100 que tiene el país y advierte de la presencia y actuación de grupos armados y organizaciones criminales en distintas regiones.

En concreto, identificó presencia permanente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 145 municipios e intermitente en otros 115.

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Además, entre 2017 y julio de 2026 se registraron 1.002 hechos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas.

La Defensoría también alertó sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Según los datos recogidos en el informe, se reportaron 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.

La violencia también se refleja en las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 fueron registrados 651 hechos que dejaron 2.380 víctimas, según los datos recopilados por la Defensoría a partir de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que se dedica al recuento de estos crímenes.

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La Defensoría abordó, además, la situación ambiental y señala que la Amazonía concentra el 65 % de la deforestación nacional, mientras que alerta sobre los efectos de la minería ilegal, los incendios y la degradación ambiental en los derechos de las comunidades y de la naturaleza.

El informe agrupó sus principales preocupaciones en cinco ejes: desigualdad y exclusión; violencia armada, paz y seguridad; degradación ambiental y cambio climático; reforma rural y derechos de campesinos y pueblos étnicos; y pluralismo democrático, espacio cívico y libertad de expresión.

EFE