Al menos 270 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Colombia el año pasado, es decir una cada 32 horas, reveló este jueves en un informe la organización Caribe Afirmativo, que señaló que este "no es un fenómeno aislado, sino sistemático y persistente".

Según Caribe Afirmativo, la cifra es “preocupante” al evidenciarse un incremento de casos con respecto a 2024, cuando fueron registrados 165 homicidios, y a 2023, año en el que fueron cometidos 153 asesinatos.

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"El más reciente informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGTIQ+ en Colombia de Caribe Afirmativo revela una crisis estructural marcada por el aumento de la violencia por prejuicio, su expansión territorial y una respuesta estatal insuficiente", agregó la organización.

El año pasado hubo 1.184 víctimas de amenazas que, según esta ONG, "funcionan como mecanismos de control territorial, regulan la visibilidad de las personas LGBTIQ+ y silencian liderazgos sociales".

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También hubo 1.531 casos de violencia intrafamiliar y 628 de violencia sexual, "con alta afectación a mujeres lesbianas y bisexuales".

"El informe identifica la violencia digital como un factor determinante en el escalamiento de la violencia, funciona como un catalizador de agresiones físicas, amplificador del odio y mecanismo de exposición y persecución", agregó Caribe Afirmativo.

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En ese sentido, la organización documento prácticas como 'doxxing', que es la exposición de datos personales, así como "suplantación de identidad, porno-venganza y hostigamiento sistemático, cuyos efectos concretos se traducen en desplazamiento territorial, afectaciones a la salud mental, pérdida de empleo y reducción de la participación pública".

Por otra parte, la violencia contra las personas LGBTQ+ se concentró en grandes centros urbanos, como Bogotá y Medellín, aunque también hubo "una expansión hacia territorios con corredores de economías ilegales y zonas con débil presencia estatal".

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Caribe Afirmativo también identificó "deficiencias institucionales", como un "subregistro de casos; falta de variables de orientación sexual e identidad de género; fragmentación en la producción de información, y altos niveles de impunidad".

Además, la organización alertó de "una brecha crítica entre derechos formales y garantías reales", por lo que llamó a "implementar mecanismos efectivos de prevención frente a amenazas" y "adoptar políticas estructurales que aborden las causas de la violencia".

EFE