La Procuraduría General de la Nación informó este lunes que abrirán investigación contra la cúpula militar del Ejército, incluyendo al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por la presencia de los jefes de las FARC el pasado 4 de febrero en el corregimiento de Conejo, en La Guajira, rodeados por guerrilleros armados y en contacto con la población civil.

Los funcionarios que serán investigados son el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; general Alberto José Mejía Ferrero, comandante general del Ejército; general Jorge Enrique Navarrete, comandante de la Primera División del Ejército; general Pablo Alfonso Bonilla; comandante de la Décima Brigada del Ejército; teniente coronel Iván Orlando González, comandante del grupo de Caballería Mecanizado N. 2; y el teniente coronel William Alfonso Chávez Vargas, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No 10.

Con este proceso disciplinario se pretende determinar si las Fuerzas Militares y de Policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las FARC en el corregimiento Conejo, lo cual podría constituir una violación a la Ley 418 de 1997 que en el parágrafo 1º del artículo 8º prescribe que “En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.

La segunda consiste en determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento Conejo del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, e indefensa en manos de las FARC. 

Esta investigación deberá determinar, entre otras cosas, si con dicha desprotección se permitió el uso por parte del grupo guerrillero de un establecimiento educativo, con estudiantes del Conejo, configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política, que impone a las autoridades proteger  a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes.