Un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela solicitó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los connacionales, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, están trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas del vecino país.

Sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, libertad, seguridad o vida. Comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo.

“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, indicó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Las minas de Yapacana, que están relativamente cerca de Inírida, a tres horas vía fluvial, son atractivas para las personas de toda la región de la Orinoquía, pues en esa actividad encuentran un modo de sustento, pese a la presencia de grupos armados al margen de la ley. De darse una deportación masiva, pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas, teniendo como sitios de recepción los departamentos de Vichada y Guainía.

“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población. Pero estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, expresó Carlos Camargo Assis.

Los operativos militares iniciados a finales del 2022 por tropas del país vecino habrían desencadenado en capturas de personas colombianas. Algunos de los puntos de extracción, al ser una actividad ilegal que amenaza los territorios y afecta el medioambiente, estarían en proceso de cierre o regulación.

“Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, fue el llamado del Defensor del Pueblo a la entidad colombiana que dirige la política exterior y las relaciones diplomáticas de Colombia.

Así mismo, le hizo un segundo llamado: "También le solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, desde un enfoque preventivo, de protección y humanitario”.

Igualmente, solicitó que den apertura a los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, como también al consulado de Venezuela en Inírida.