“Qué Colombia es un chiste; es muy fácil reconocerlo. Cualquiera persona en cualquier idioma se reiría a carcajadas al enterarse de que el Zar anticorrupción es beneficiario directo de la epidemia contra la que él debe combatir. Es decir, un corrupto que debe derrotar la corrupción.” Fare Suárez Sarmiento.

El cartel presentado por un noticiero nacional en el que aparecían las fotos de los delincuentes que sumaban 20 o 60  entradas a la cárcel,  sindicados de delitos cometidos desde robo, atracos, hurtos a mano armada hasta asesinatos, me produjo  una mezcla de indignación y de burla. Si reflexionamos sobre estas acciones nos damos cuenta de que lo peor de esta situación es que las entradas a la cárcel se convertían por arte de magia en salidas inmediatas. Una especie de Récord Guinness de las Cárceles Colombianas porque, a los pocos segundos, ya estaban delinquiendo y gozando de absoluta libertad mejor que cualquier ciudadano pobre pero honrado.

Son aberrantes los casos que voy a mostrar e, incluso, indignantes. Por ejemplo, un “pobre pero honrado” roba una gallina, el juez lo envía sin contemplación a la cárcel. El juez, aquí, sí sentencia con ese poder que le otorgan las leyes, aquí sí tiene las pruebas suficientes para condenar al sujeto  mientras que a un criminal, a un rico, a un político, a un hombre influyente, a un banquero, a un corrupto le archivan su expediente porque no hay testigos o, en el mejor de los casos, lo premian con la casa por cárcel para que viva cómodamente. Supongo que esa Dura lex sed lex se volvió frágil con “la palanca del político”, con  “el tráfico de influencias” para dejarlo libre de culpa. Después se desploma un silencio, una cortina de humo que nos preguntamos: Ajá, y ¿qué pasó con esa gente y el billete de Odebrecht, de Reficar, de Inverbolsa, de Los Nule, de Ñoño, de la Vía de la Prosperidad?

En nuestro país, las condenas para los hechos punibles son irrisorias y risibles. En un país en donde aplicar justicia produce risa, significa que no vale nada su sistema penal por no emplear otros términos más degradantes.

Otros  casos  tomados del diario El Espectador: “Alexánder Valencia Arroyave tiene 93 años, se encuentra recluido en la cárcel Bellavista de Medellín por cuenta de  una condena a tres años de prisión por hurto.  Jesús David González tiene la misma edad y cumple una sentencia a dos años de prisión por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego en concurso con hurto, en Jamundí (Valle). Ellos, en teoría, pueden ser beneficiarios de la casa por cárcel porque son adultos mayores y sus penas son inferiores o iguales a tres años. Pero sus jueces de ejecución de penas no les han dado la casa por cárcel” mientras que Senadores, Magistrados, Funcionarios Públicos, Gerentes, se convierten en dilapidadores del presupuesto, robándose inmensas sumas de dinero, a estos les dan  la Casa por cárcel para que disfruten la condena. Hechos reales que superan la ficción.

De el periódico  El Colombiano he tomado lo siguiente: “¿Por qué paga más años de cárcel un ciudadano que se roba una bicicleta que el hacker Andrés Sepúlveda, que infiltró los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, u Orlando Parada quien se apropió de más de 400 millones de pesos en el carrusel de la contratación en Bogotá? Estas preguntas  nos indican la fragilidad y el contubernio de la Justicia Colombiana.

Lo cierto es que la realidad social del país ha cambiado, los tiempos son distintos, los delitos se han multiplicado, cada día aparece un nuevo caso de criminalidad o de hurto. Las estadísticas se han disparado. Luego, entonces, las leyes tienen que reevaluarse. ¿Por qué no administran una buena justicia? ¿Qué los detiene?, ¿Por qué tanto favoritismo para el criminal, para los de cuello blanco, para los desertores? Parece que la consigna fuera: Mano firme para los pobres y honrados; corazón grande para los ricos y corruptos.

Se  pide a gritos el cambio del Código Penal Colombiano. Es imperativa la renovación del sistema de justicia porque la gravedad de los delitos cometidos ya no pueden ser valorados o sancionados con penas o leyes establecidas hace diez años.

 En Colombia, se camina sobre los rieles de varios principios absurdos: “hecha la ley, hecha la trampa” o  “las leyes, en este país, las hicieron para violarlas”. Si ese es el panorama en el que nos movemos, quiere decir que el país está hecho para que todo mundo haga lo que le dé la gana. Un país así nunca tendrá seguridad ni dignidad.

Los mismos administradores de justicia la han convertido en un círculo vicioso en el que unos a otros se culpan y, al final, nadie tiene la culpa de lo que está ocurriendo.

Reitero el cuadro que  es vergonzante, descarado: capturan a un delincuente, lo atrapa la Policía con el delito en las manos. Lo primero que se pide es que la víctima denuncie el hecho pero como no hay tal denuncia, entonces, se le deja libre y campante al agresor para que siga delinquiendo. Supongamos que llega hasta la instancia del Juez, este  lo deja libre “por falta de pruebas” o “no hubo pruebas suficientes”  He ahí el juego kafkiano, como en el Proceso, la obra de Frank Kafka, en el que la Fiscalía le echa las culpas a los jueces y los jueces a la policía. O al revés, o en términos más nuestros, este es el cuento del Gallo Capón.