El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta horas con fuertes turbulencias, por los tres escándalos que lo han sacudido en menos de una semana: los archivos de alias 'Calarcá', el caso de la UNGRD y la violación de topes de campaña.

Todo comenzó el pasado domingo con el informe de Noticias Caracol sobre la información que contenían los computadores incautados a una caravana de disidentes de las FARC, entre esos 'Calarcá', en julio de 2024.

Los protagonistas de este escándalo son el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, el Director Inteligencia Estratégica de la DNI

Según la investigación periodística, Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad fachada para facilitarles movilidad en carros blindados y el porte de armas legales.

La carta también menciona a Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en este gobierno por su cercanía con Petro.

De acuerdo con Noticias Caracol, ese supuesto respaldo habría llegado a través de la hoy vicepresidenta, Francia Márquez, aunque ella lo rechazó "categóricamente" y aseguró que "no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar" ese supuesto vínculo.

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente hasta por tres meses al general Huertas y a Mejía, por sus presuntos nexos con las disidencias de las FARC, comandadas por alias 'Calarcá'.

La suspensión es con efecto inmediato, indicó el Procurador General Gregorio Eljach a Noticias Caracol.

"La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que estando en el cargo vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces se ordena la suspensión provisional", afirmó el jefe del Ministerio Público.

El Presidente Petro, fuertemente criticado por este escándalo, lanzó varias afirmaciones en donde señalaba que todo era falso, pero después ordenó un examen forense para verificar la información.

Exministros, a imputación, y exdirector del Dapre, acusado

La tormenta sobre el Gobierno creció este miércoles, cuando la Fiscalía General de la Nación anunció imputará cargos y pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro de la investigación por el escándalo de la UNGRD.

"El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD acaba de radicar, ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco", expresó la Fiscalía, según medios nacionales.

Los delitos por los que deben responder los exfuncionarios son concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Bonilla y Velasco fueron dos ministros cercanos al Presidente Petro.

Los exfuncionarios fueron vinculados al caso después de las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, procesados y condenados por el escándalo.

Por si fuera poco, este jueves, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que este jueves radicaron escrito de acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

“Esto significa que avanzamos hacia un juicio”, indicó la fiscal Camargo, quien participó en el I Encuentro de Altas Cortes en Barranquilla.

Apuntó que “independientemente de si se hace efectiva la circular roja en su contra o si comparece ante las autoridades, continuamos con la judicialización correspondiente”.

González se fugó del país y se encuentra en Nicaragua, país que ha negado su extradición a Colombia.

Campaña manchada

La "cereza del pastel" en cuanto a escándalos fue la campaña de Petro Presidente.

La sala plena del Consejo Nacional Electoral votó este jueves a favor de la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que pedía la sanción económica contra la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro en el 2022, por violación de topes electorales y financiación prohibida.

La votación quedó 6-3, mayorías calificadas que le propinaron un duro golpe a Petro.

La campaña Petro Presidente sobrepasó en $5.300 millones los topes, los cuales, según el CNE quedaron estipulados en: unos $3.700 millones corresponden a la primera vuelta que no se registraron en los informes. El saldo restante,$1.600 millones, corresponden a lo que no se reportó en segunda vuelta.

La decisión del tribunal electoral fue sancionar a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña.

Además de Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera; y María Lucy Soyo Caro, quien fue auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial, por 2.252 millones de pesos.

La sanción solidaria para Roa Barragán, Mogollón y Soto por otros 2.447 millones de pesos por violación de topes electorales en la primera vuelta presidencial.

Además se compulsarán copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa.

"Doble moral de la oposición"

El Presidente Gustavo Petro aseguró que “no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”.  

Expresó el mandatario que la oposición “controla el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de ‘Fico’ y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”.

Ante su posición, fue enfático en afirmar que “nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”.