Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, junto a Néstor Osuna, ministro de Justicia, radicaron en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende estimular y proteger a las personas que denuncian hechos de corrupción en el país.

La propuesta se ha denominado ‘Ley Eduardo Pizano’, quien era uno de los testigos claves en el caso de Odebrecht y que murió en el 2018 consecuencia de un envenenamiento con cianuro.

La iniciativa concede a los ciudadanos una serie de beneficios de parte del Estado, para que puedan entregar la información que permita combatir este flagelo, explicó el ministro Osuna.

“A las personas que denuncien corrupción el Estado las va a proteger, no podrán echarlos de sus trabajos porque tendría un fuero de permanencia y estabilidad laboral, no podrán desmejorarles el sueldo, cambiarles el horario a su favor”.

Esto en el plano laboral, ya en el aspecto personal si amenazan a la familia se les brindará  protección y si necesitan cambio de domicilio, el Estado correría con los gastos de ese cambio y se les brindará protección de identidad”, explicó el funcionario.

El Ministro de Justicia dijo que el Gobierno se está tomando muy en serio la lucha contra la corrupción y una de esas estrategias es evitar que quienes se atreven a presentar denuncias, sean exiliados, perseguidos o en el peor de los casos, asesinados.

Otro detalle de la ley, señaló el secretario Idárraga, es que podría cobijar a quienes en el pasado no denunciaron hechos de corrupción por miedo, pero que hoy quisieran ponerlos en conocimiento de las autoridades.

“Esperamos que este proyecto le brinde garantías a todas las personas que han querido denunciar o que han denunciado o han sido víctimas de persecución por cuenta de sus denuncias por hechos de corrupción”, sostuvo.

“Es una herramienta de lucha contra el miedo y se suma a la lucha contra la impunidad en Colombia, hay muchos casos impunes de corrupción y no es gratuito que esta ley la hayamos denominado Jorge Enrique Pizano a cinco años de su fallecimiento”, agregó.

El Gobierno espera que el proyecto sea tramitado y aprobado lo antes posible en el Congreso de la República.