La Procuraduría realizará una inspección a las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para establecer el origen de las presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones del pasado domingo 13 de marzo.

La averiguación se fundamentará en tres puntos: escogencia de jurados de votación, inscripción y registro de votantes y el papel de los contratistas.

Según fuentes de la agencia fiscalizadora, se determinará la relación con la empresa Indra Sistemas S.A., para constatar si se garantizaron y cumplieron los requisitos para el registro de votantes.

El ente de control pedirá copia de los contratos de 2020 a la fecha, en los que “se comprenda el proceso de selección y escogencia del contratista”.  

Asimismo, la Procuraduría revisará si se cumplió con lo acordado en cada contrato y de igual manera, verificará el uso y ejecución de los servicios y productos que suministró la empresa.

La Procuraduría pidió copias de los actos de nombramiento y posesión del Registrador Alexander Vega Rocha, así como certificaciones que den cuenta de sus vacaciones e incapacidades en los últimos dos años.

Igualmente, se investigará si Vega tiene antecedentes disciplinarios que sumen a la actual investigación en su contra.

El ente de control le pidió asimismo a la Registraduría, informe sobre el uso de herramientas tecnológicas, en caso de haberlas tenido, para atender las fallas que pudieran presentarse, así como protocolos y alternativas para garantizar el registro de los votantes.

Lo mismo solicitó en el caso del preconteo de votos y la transmisión de la información el día de las elecciones.

La Procuraduría igualmente le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), que informe si ha realizado “alguna actuación de inspección, vigilancia y control” acerca de las reclamaciones de preconteo o escrutinio de las elecciones del pasado 13 de marzo.