Frente a los hechos ocurridos en la institución educativa Doce de Octubre, en el noroccidente de Medellín, en la cual se presentó el desprendimiento de una parte del techo que afectó a 15 estudiantes, la Procuraduría General de la Nación requirió al mandatario de la ciudad, Daniel Quintero, informar el estado actual de la implementación del Plan de Infraestructura Educativa, así como el cronograma de intervención de las instituciones priorizadas.

Para el Ministerio Público, el episodio presentado es una clara señal de alerta de la necesidad de atender cuanto antes las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de numerosas instituciones educativas de la ciudad, precisándole a Quintero que, fue bajo esta justificación que su administración tramitó, durante el año anterior, vigencias futuras por $ 318.000 millones para realizar 395 intervenciones hasta el año 2024, de las cuales 264 deben empezar a ejecutarse durante la presente vigencia.

El ente de control también le referenció al alcalde de Medellín su preocupación frente a que, según reportes de medios de comunicación, en varias de las instituciones priorizadas para adelantar intervenciones en infraestructura no hay a la fecha avances significativos y se espera que las obras inicien solamente hasta el segundo semestre de este año.

Ante este panorama, el requerimiento de información deberá precisar las situaciones que han impedido avanzar con mayor diligencia en las actividades previstas y las gestiones adelantas por la Alcaldía para superar dichos obstáculos. Las medidas para atender los riesgos de integridad de la institución educativa afectada, las acciones para el restablecimiento de derechos a la salud y a la educación de los alumnos afectados, también deberán exponerse en el informe.

Finalmente, la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer reiteró al mandatario la importancia de gestionar sin demoras la inversión en infraestructura educativa, para proveer espacios de aprendizaje adecuados que garanticen el derecho a la educación.

*Con información de Procuraduría General de la Nación