La Procuraduría General de la Nación, luego de revisar los documentos contractuales relacionados con las obras de diseño y mantenimiento de pista y plataforma del aeropuerto de San Andrés Isla, presentó al director general de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, algunas inquietudes, de conformidad con las facultades constitucionales y legales otorgadas a este organismo de control, en especial del artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000, resoluciones 17 de 2000 y 456 de 2010.

Señala el Ministerio Público que a la fecha no se encuentra publicada el acta de inicio del contrato de obra, conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, solicitó a esa entidad informar las razones por las cuales no se ha cumplido con el mandato legal.

De igual forma, advirtió que conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato, el valor asignado para la vigencia fiscal del año 2015 asciende a la suma de $22.814.000.000, situación que no se refleja en la ejecución del mismo, recordando por tanto el cumplimiento de las normas presupuestales vigentes, así como el plazo de ejecución.

En la comunicación, la Procuraduría reiteró la importancia de ejecutar el contrato en los términos pactados para evitar poner en riesgo la seguridad aérea y aeroportuaria de los usuarios de esa terminal, más aún, cuando una de las justificaciones principales para adelantar la convocatoria pública fue el estado deplorable en que se encuentra la pista del Aeródromo.

Por último, este órgano de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, insiste en la urgencia de contar con un aeropuerto en óptimas condiciones, tal como señaló la Aerocivil en el primer proceso de selección. Igualmente expresa su preocupación frente a los retrasos a los que fueron sometidos los vuelos de ese aeropuerto en días pasados, situación que podría afectar la imagen y la economía de un departamento netamente turístico.

La actuación preventiva integral en materia de contratación estatal, busca proteger y promover los derechos fundamentales, en pro del cumplimiento de los pilares institucionales como la protección del ordenamiento jurídico y la salvaguarda de los recursos públicos, y evitar en lo posible, la comisión de faltas disciplinarias.