La Defensoría del Pueblo pidió este lunes a los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo asumir una agenda de "decisiones impostergables" en materia de derechos humanos, al advertir que persisten crisis estructurales en el país que "no admiten más aplazamientos".

"Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos", señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, durante una rueda de prensa en Bogotá.

A menos de dos meses de las elecciones, la entidad alertó que el país enfrenta un escenario marcado por la persistencia de la violencia, brechas sociales profundas y debilidad institucional en varias regiones, por lo que presentó un documento que recoge cuatro frentes críticos: desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural.

En el frente de desigualdad, la Defensoría advirtió que la pobreza, la informalidad y la exclusión siguen afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes, y pidió, entre otras medidas, una reforma integral al sistema de salud.

"La desigualdad persiste como un problema estructural que limita el goce efectivo de los derechos humanos", agregó la funcionaria.

En materia de paz y seguridad, el organismo señaló que, pese al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC, las dinámicas del conflicto armado continúan activas y se han transformado en grupos "crecientes, transnacionales y altamente organizados".

Según cifras citadas por la Defensoría, en 2025 fueron registrados en el país 257 casos de reclutamiento de menores, 78 masacres con 276 víctimas y más de 107.000 personas desplazadas, lo que evidencia un "cuadro humanitario crítico".

La entidad también puso el foco en la falta de recursos para implementar el sistema de justicia transicional y atender a más de 10 millones de víctimas del conflicto, cuya reparación, advirtió, no ha sido priorizada.

En el ámbito ambiental, el organismo alertó sobre la relación entre la degradación de los ecosistemas y la vulneración de derechos humanos, especialmente por fenómenos como la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático.

Finalmente, en materia rural, insistió en la necesidad de avanzar en la implementación de la reforma agraria y cerrar las brechas en el acceso a la tierra, al considerar que siguen siendo una fuente de desigualdad y conflictividad.

EFE