Con un proyecto de ley estatutaria de 44 artículos, la bancada en la Cámara de Representantes del Pacto Histórico busca implementar una serie de mecanismos para reglamentar las movilizaciones de protesta social en Colombia.

La iniciativa es de la autoría de los representantes Alirio Uribe y Pedro Suárez, y establece unos deberes y obligaciones de las entidades del Estado, incluyendo la fuerza pública que tendrían con a la hora de intervenir en las manifestaciones. 

Uno de los controles es “asegurar y proteger de manera integral” el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública en Colombia, es una de sus filosofías. 

Por ejemplo, sólo podrían usar armas no letales e intervenir cuando se trate de movilizaciones que afecten los derechos de los demás ciudadanos, pues la razón de ser de la marcha deberá ser pacífica, en principio, a través de mecanismos de resolución de conflictos como la mediación. 

Cuando se pretenda usar la fuerza, “la Policía Nacional deberá dar aviso a las personas que estén presentes en los lugares donde se desarrolle la protesta social y la manifestación pública, a través de un medio que garantice la publicidad al mayor número de personas”, establece también uno de los artículos del proyecto. 

El representante Pedro Suárez explicó que “se pretende regular que haya claridad, que una cosa son los delitos, otra cosa es el terrorismo mismo y una cosa muy diferente es el ejercicio del derecho a la protesta, que no se puede seguir confundiendo y que no puede haber esas líneas en donde se excuse el ejercicio arbitrario de la fuerza pública frente quien ejerce su derecho fundamental”. 

Otro artículo pretende que los protestantes tengan derecho a réplica en los medios de comunicación públicos y privados, “frente a afirmaciones o comunicaciones que exprese cualquier funcionario o autoridad pública en relación con el ejercicio y desarrollo de protestas sociales y manifestaciones públicas”. 

De otro lado, los marchantes deberán informar a las autoridades antes de la jornada “para que se tomen las medidas, si hay que despejar una vía, desviar el tráfico, lo que sea para que se garantice el derecho tanto de los que protestan como de los que no protestan. Para que haya una armonización entre esos derechos”, dij0 por su parte el congresista Alirio Uribe. 

También establece derechos para las víctimas, incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia, y promueve la no repetición de violaciones de Derechos Humanos en el contexto de las protestas.

Al tratarse de un proyecto de ley estatutaria, la iniciativa deberá superar ocho debates para convertirse en realidad.