La Misión de Observación Electoral (MOE), que preside Alejandra Barrios, hizo públicas algunas de las preocupaciones sobre el texto del proyecto de Reforma política presentado a estudio por el Gobierno nacional.

Por ejemplo, en el punto sobre la financiación de las campañas, la MOE dijo que debe haber claridad sobre su contenido.

Este artículo dice: "Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral, preponderantemente con recursos estatales y aportes privados que deberán ser centralizados y administrados por el Partido. Dichos recursos integrarán el Fondo de Financiación de Campañas y Partidos Políticos".

La MOE señala que “la redacción en lo relativo a la fuente preponderante de financiación de campañas es contradictoria, en tanto se entiende de ella que ambos, los recursos estatales y los aportes privados, serán preponderantes. Es necesario hacer un desarrollo legal posterior para definir los procedimientos para la recepción, manejo y entrega de los recursos privados a los partidos por parte del Fondo de Financiación y partidos políticos”.

Igualmente este artículo expresa: “Quienes hagan aportes para la financiación de las campañas y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, podrán manifestar libremente la destinación específica de dichos recursos. El partido político es responsable de la administración de dichos recursos”.

La MOE le solicita al Congreso "explicar y precisar qué significa 'la destinación específica' de los recursos privados de campaña”. 

Es decir, “cuál es el alcance o margen de la manifestación del aportante sobre hacia dónde o a qué uso deben ir los recursos de campaña invertidos por él".

Así mismo, sobre el artículo que determina el porcentaje de votación o garantías necesarias, para tener derecho a la financiación estatal, la MOE observa que no está de acuerdo con que se elimine la posibilidad de limitar el monto de gastos de las campañas, esto con el objetivo de evitar una desigualdad desproporcionada de acceso a los recursos para hacer política.

Otras preocupaciones 

De la misma manera acerca del punto que advierte que para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo y que la ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

La MOE insiste en que debe haber un límite de gastos de campaña que permita una contienda equitativa entre todas las organizaciones políticas y que, en ese caso, deben existir sanciones para aquellas organizaciones políticas, o las candidaturas que a partir de 2034 violen dicho régimen.

Explica la Misión de Observación que, "es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”, expone otro de los artículos del proyecto, ante lo cual la MOE rechaza que se elimine este inciso de la Constitución Política, en lugar de armonizarlo con la entrada en funcionamiento del Fondo de Financiación como canal de recepción de recursos de campaña.

“Es necesario tener en cuenta que si bien la financiación privada de las campañas no va a entrar directamente a los partidos o candidaturas, no significa que no haya riesgo de que ingresen dineros de personas naturales o jurídicas extranjeras que puedan tener injerencia indebida en los asuntos electorales”.