Cuando el ‘viejo’ Barrera le mandó a decir a Néstor José Benavides en marzo de 2004 que quería comprarle una de sus fincas en el municipio de Santa Ana, Magdalena, este se resignó a malvenderla.

Entre sus planes nunca había estado desprenderse de ‘Betel’, nombre del predio -que en hebreo significa ‘Casa de Dios’-, pero, en aquellos tiempos, la palabra de José ‘Chepe’ Barrera era obra y gracia.

El capataz le preguntó entonces en cuánto la vendería y Néstor, apurando un precio calculado de improviso, le dijo que a tres millones la hectárea. El capataz, hombre de cuidado, como todos los que trabajaban con ‘Chepe’ Barrera, le dijo que este no se lo iba a comprar a ese precio.

“El viejo no paga eso a tres millones, lo paga a millón y medio, además, tú estás 'caído' con él, así que eso te lo pagamos a millón y medio y de una te descontamos lo que nos debes". El dinero que ‘debía’ Benavides no era otro que el de las extorsiones mensuales que Barrera cobraba a ganaderos del Magdalena y Bolívar. Un impuesto irregular que, por fuerza de la costumbre y la violencia, se había convertido en un pago incuestionable.

“Pues tocará”, fue la única respuesta que el ganadero pudo dar y el 25 de marzo de 2004, ante el notario único del municipio de Santa Ana, Néstor José Benavides firmó la venta de su finca por una suma que no alcanzaba ni los 50 millones de pesos. En el acuerdo, la coerción sufrida quedó velada por la escueta sentencia: “acepta en todas sus partes el presente contrato privado de compraventa con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones aquí contenidas”.

Benavides se llevó las cabezas de ganado y demás bienes de valor que tenía en el sitio, que por varias décadas le había pertenecido a su familia, y decidió olvidarse de que había existido.

Era lo que procedía en aquellos tiempos. ‘Chepe Barrera’, comandante de las autodefensas del sur del Magdalena e Isla de San Fernando, contaba con toda una organización armada ilegal a sus espaldas.

Su historia es la misma que la de muchos de los líderes paramilitares del país. Un intento de defenderse de las extorsiones y amenazas de los grupos guerrilleros que operaban en la zona que terminó convirtiéndose en lo mismo a lo que intentaban combatir.

Cuando el grupo de José María Ortiz Barrera -conocido como ‘los cheperos’- se desmovilizó en diciembre de 2004, junto a él entregaron sus armas 47 hombres.

El poderío militar de Barrera se redujo, pero no se desvaneció por completo, y las garantías ofrecidas por el Estado para las víctimas del conflicto armado eran más bien pocas. Por esto, Néstor Benavides y su familia nunca pensaron en recuperar algo de lo que habían perdido.

En 2011, sin embargo, se aprobó la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cuando Jorge Benavides, uno de los hijos de Néstor, se enteró de la existencia de un mecanismo legal para intentar recuperar algo de lo que habían perdido se decidió a intentarlo.

"Dada la situación, en abril de 2013 yo coloqué la denuncia ante Restitución de Tierras con la esperanza de poder recuperar el terreno", explica Jorge Benavides, quien es, junto a su hermano, la cabeza de la empresa de su padre.

Después de todo, no solo había sido ‘Betel’ el predio que habían tenido que vender a Barrera a precio de remate por cuenta del poder regional autoproclamado que representaba el comandante de autodefensas, sino también sus fincas ‘Manzanares’ y ‘San Nicolás’, todas con historias similares. Ante esto, la posibilidad de que se les restituyera uno de los predios era lo suficientemente atractiva como para correr el riesgo de despertar la ira del líder paramilitar, lo cual sucedió.

Grande sería la sorpresa para Jorge Benavides cuando, en 2014, recibió la notificación de que había sido demandado por el mismo hombre que había despojado a su padre de las tierras que mantuvo durante décadas. 

El caso no era insólito tan solo por el hecho de que un paramilitar demandaba a su víctima 10 años después de obligarla a vender sus tierras, sino que lo hacía amparado sobre la rama judicial, representada en este caso por el juez único civil de El Banco, Magdalena, Rodrigo Alberto Muñoz Estor.

El proceso avanzó y, finalmente, en junio de este año el juez Muñoz Estor emitió su sentencia, declarando a José María Barrera Ortiz como el legítimo propietario del predio ‘Betel’ que compró a Néstor Benavides, bajo el concepto de usucapión o prescripción adquisitiva. Un término jurídico que significa -palabras más, palabras menos- que debido a que ‘Chepe’ Barrera ocupó durante más de 10 años aquella parcela y se hizo cargo de ella, en la actualidad puede ser considerada legítimamente suya.

 

 

“Me siento completamente abandonado, es como si, después de todo este tiempo, este señor Barrera volviera a quitarnos las tierras pero ahora usando al Estado”, manifiesta Benavides sobre su caso. “El juez sabía que el predio se encuentra inscrito en el RUPTA, eso es para que no se pueda realizar ninguna operación con esa tierra”.

El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados a causa de la violencia (RUPTA) es, precisamente, un recurso creado a partir de la Ley de Víctimas de 2011, cuyo propósito es impedir que se puedan realizar operaciones comerciales con territorios que hayan sido adquiridos irregularmente, en el marco del conflicto armado.

Una medida cautelar amparada en una justicia especial que prima sobre la justicia ordinaria. Al pronunciarse sobre el predio, Estor se habría saltado por completo los límites de su jurisprudencia. Un juez civil no puede determinar quién es el propietario de un predio que está relacionado con problemas del conflicto armado.

Una vez que una persona realiza una denuncia ante la Unidad de Restitución de Tierras, para intentar recuperar un terreno que haya perdido a causa del conflicto armado, empieza un largo proceso que consta de dos etapas: administrativa y judicial. 

El proceso de Jorge Benavides se encuentra en la etapa administrativa probatoria, aún debe ser determinado por la Unidad de Restitución de Tierras de Barranquilla, que lleva su caso, si aplica para ser llevado ante un magistrado que dirima el asunto. Sin embargo, durante la medición topográfica del terreno en cuestión, el hijo de ‘Chepe’ Barrera, Juan Barrera, se habría opuesto a la realización de este proceso probatorio.

“Ese día salió, se opuso a que se hicieran las mediciones inicialmente, pero después tuvo que ceder”, relata Benavides. Sin embargo, es posible que en aquel momento los Barrera hayan decidido llevar ante la justicia ordinaria sus pretensiones de propiedad sobre ‘Betel’.

La decisión de Estor, arbitraria de por sí, denotaría, al menos, un completo desconocimiento de las limitaciones de sus funciones jurídicas. Aún así, incluso suponiendo que el juez no supiese qué es el ‘RUPTA’ o la justicia de restitución de tierras, resulta difícil creer que no supiera que estaba fallando a favor de un líder de autodefensas de la talla de José María Barrera Ortiz.

Acusado de homicidio y lavado de activos, ‘Chepe’ Barrera y el grupo que comandaba tienen registradas unas 281 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz. Durante sus años de mayor poder, su influencia abarcaba los municipios magdalenenses de El Difícil, Ariguaní, Santa Ana, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas de San Ángel, además de parte de la depresión momposina en Bolívar y unos tres municipios del norte del Cesar.

Cobraba a sus vecinos ganaderos por el ‘servicio de seguridad’ que prestaba en la región. Valga decir que el servicio no era declinable.

Llegó a negociar con ‘Jorge 40’ y ‘Mancuso’ el control de la zona en la que operaba cuando estos quisieron expandir el territorio de sus huestes paramilitares. ‘Chepe’ prefirió no buscarse problemas y les dejó hacer de las suyas, legándoles el control de la zona y fusionándose con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En un relato hecho en un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, un miembro de los cheperos afirmó que el grupo colaboraba activamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Barrera representó en su momento un poder paraestatal en la región, no se trata de un personaje desconocido en la zona que el juez de El Banco habría podido confundir con un ciudadano de a pie cualquiera, aún más considerando que existe un proceso abierto en su contra.

'Chepe' fue capturado por el Ejército en octubre de 2004 y, aunque fue detenido por un breve periodo de tiempo, salió libre al mes, ya que el Gobierno le dio el estatus de representante de las Autodefensas del sur del Magdalena, todo esto bajo el marco del proceso de desmovilización de las autodefensas. En diciembre de 2004 se desmovilizó en pleno, junto a 47 de sus hombres que entregaron sus armas.

En 2006, Barrera aceptó recluirse en La Ceja, a donde llevaron a los comandantes paramilitares que se adhirieron al proceso llevado a cabo por el expresidente y hoy senador de la República Álvaro Úribe Vélez. Entre los líderes que estuvieron en este centro de reclusión se cuentan 'Jorge 40', Salvatore Mancuso y 'Don Berna'. A diferencia de muchos de los paramilitares de la época, José Barrera no quiso adherirse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. "No tengo nada que confesar", aseguró.

El Gobierno de entonces dijo que revisaría el pasado judicial del líder de 'los cheperos' para saber si habían procesos en su contra. En una revisión, que habría tardado cuestión de horas, se aseguró que estaba limpio y se le concedió un indulto administrativo en octubre del mismo año en que fue recluído, convirtiéndose en el primer líder paramilitar liberado con todo su prontuario criminal olvidado.

Apenas unas semanas después, en noviembre de 2006, fue ordenada su captura nuevamente, tras una extensa investigación de la Fiscalía que le acusó por una larga lista de actividades delictivas, entre las que se cuentan homicidio y lavado de activos. El ente también señaló que habían existido varias irregularidades en la investigación previa que le había concedido la libertad. Desde entonces, Barrera se encuentra prófugo de la justicia.

En el país en el que los verdugos demandan a sus víctimas por no agachar la cabeza frente a la horca, tener cuentas pendientes con la ley no parece ser impedimento para que Barrera siga ostentando su poder, así sea a través de apoderados o de su hijo Juan, quien también es desmovilizado. Este poder, para el caso de Benavides, parece haberse manifestado en ataques, que han llegado como mensajes de texto en los que lo amenazan a él, a su familia y sus trabajadores. 

La situación es epecialmente preocupante pues, como denuncia Jorge, ya en el pasado "hombres de Barrera asesinaron a Rafael Benavides Rodríguez, primo hermano de mi papá", a lo cual se suma la desaparición de Henry Pérez Nieto, primo hermano del mismo Jorge Benavides. Delitos de lesa humanidad que aún no conocen justicia.

"Claro que tengo miedo, pero del miedo no puedo vivir porque tengo que trabajar, sino ¿cómo hago?", afirma el ganadero sobre su situación que en la actualidad ha alcanzado un cáriz de incredulidad.

Se necesita un poco de realismo mágico y mucha ironía negra para comprender cómo un juez de la República podría fallar a favor de alguien que enfrenta un proceso por crímenes tan graves como aquellos de los que se acusa a Barrera. Con sus acciones, el juez Rodrigo Alberto Muñoz Estor ha revictimizado a la familia Benavides, llevando a cabo lo que, en opinión de abogados expertos en la materia, es un despojo judicial.

A pesar de todo, Jorge Benavides afirma que: "no pierdo la esperanza en la justicia y estoy muy entusiasmado con que el proceso de la Unidad de Tierras llegue a buen término". De llegar a instancias judiciales, y si el magistrado especializado en Restitución de Tierras falla a su favor, la sentencia del juez de El Banco quedaría anulada y, entonces, podría recuperar la tierra que le fue arrebatada a su padre por el puro peso de la fuerza hace más de 10 años.