El Presidente de la República, Gustavo Petro, responsabilizó al Consejo Nacional Gremial, de la actual coyuntura política y cuestionó su pronunciamiento en el sentido de que la consulta popular por decreto "vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad".

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"El Consejo Nacional Gremial ha desatado la actual coyuntura al "presionar" a los senadores de la comisión VII del Senado a no discutir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes", expresó el mandatario.

"El Consejo Nacional Gremial en pleno neoesclavismo anacŕónico debe aceptar que el pueblo existe y que es el poder en Colombia, según la Constitución de 1991 a la que el Consejo Gremial debe respetar", agregó.

El Consejo indicó que la consulta popular por decreto es "una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política".

El Consejo advirtió que el Ejecutivo "no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular" que ha sido negada por el Congreso de la República, como lo reconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, al admitir en una demanda contra la decisión del Senado, que "dicho acto se convirtió en definitiva, al haber culminado con ello el trámite iniciado el 1° de mayo de 2025 por el Presidente y sus ministros, conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Constitución y desarrollado en los artículos 50 y siguientes de la Ley 134 de 1994".

"El artículo 188 de la Constitución establece que el Presidente de la República debe simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones", puntualizó.

El Consejo reiteró que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo.

"Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país", afirmó.

Hizo un llamado al Gobierno Nacional a respetar el marco constitucional, la institucionalidad y los canales democráticos establecidos, "y a propiciar un diálogo genuino, sin descalificaciones ni imposiciones, que permita construir consensos en beneficio del país".