El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, manifestó hoy que hay una "campaña de desprestigio" contra el programa de Restitución de Tierras del Gobierno, por parte de "sectores políticos y económicos poderosos".

"En los últimos tres meses la Oficina ha observado en la región de Caribe, en el Urabá antioqueño (noroeste) y en algunas áreas del Chocó (oeste), que sectores políticos y económicos poderosos han emprendido una campaña pública de desprestigio contra el programa de Restitución de Tierras", manifestó Howland en una rueda de prensa en Bogotá.

El funcionario dijo además que es una campaña contra las víctimas de despojo y reclamantes de tierras y contra las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos que los acompañan en su legítimo proceso.

La Ley de Restitución de Tierras fue sancionada hace cinco años, el 10 de junio de 2011, por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para devolver a víctimas del conflicto las propiedades de las que fueron desplazados o despojados por los distintos grupos armados ilegales.

Howland agregó que actualmente, a pesar del proceso de paz que lleva a cabo el Gobierno de Santos con las FARC, sigue el conflicto armado en varias partes del país, específicamente por acciones de "paramilitares" y bandas criminales como "Los Úsuga", entre otras.

"Pero estos grupos no existen solos, tienen conexiones con gente poderosa dentro de la sociedad y todavía existe la impunidad sobre las violaciones masivas que realizan", dijo.

Destacó además que la campaña de desprestigio ocurre especialmente en la región Caribe en donde se han difundido mensajes en eventos públicos alegando que el proceso de restitución beneficia a los grupos guerrilleros para recuperar corredores estratégicos donde perdieron el control territorial.

Howland denunció además que no solo las víctimas, sino representantes de organizaciones de Derechos Humanos y de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad del Gobierno, han recibido amenazas.

"Han recibido amenazas directas telefónicas y además (los grupos armados) han creado un ambiente de miedo por esta campaña contra jueces, funcionarios y activistas", afirmó.

El diplomático de la ONU dijo también que estas bandas criminales tienen gran influencia en el área de Urabá antioqueño y en todo el Caribe.

"Todo esto es delicado porque integrantes de estos grupos han dado muestras de su influencia en Córdoba, Bolívar, Sucre y La Guajira", departamentos de la costa atlántica, enfatizó.

EFE