La ONU alabó este miércoles los "pasos audaces" que está dando el Gobierno colombiano de Gustavo Petro para reducir la violencia por parte de grupos armados, que sigue suponiendo el principal problema para el proceso de paz en el país.

"El éxito duradero del Acuerdo de Paz de Colombia, que todos deseamos ver, depende de la capacidad de las autoridades colombianas para abordar la violencia persistente que representa su mayor amenaza", señaló el enviado de Naciones Unidas para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en su comparecencia trimestral ante el Consejo de Seguridad.

El diplomático consideró "lamentable" que más de seis años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "la violencia generada por grupos armados ilegales continúe contra las comunidades, líderes y lideresas sociales y antiguos miembros de las FARC-EP".

En ese sentido, denunció los "numerosos hechos de violencia" registrados en las últimas semanas y expresó su particular preocupación por los ataques contra líderes y comunidad indígenas.

La ONU recopiló durante 2022 denuncias de 244 defensores de los derechos humanos en Colombia, de los cuales verificó 101, 25 están en proceso de verificación y 118 fueron considerados no concluyentes, según su último informe sobre la situación en el país.

Además, ha constatado que al menos 355 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

"A medida que el gobierno da pasos audaces para disminuir la violencia en el marco de su política de paz total e implementa un nuevo enfoque de seguridad humana, se hace también necesaria la implementación coordinada de las disposiciones del Acuerdo sobre garantías de seguridad", insistió Ruiz Massieu.

El representante de la ONU volvió a aplaudir los diálogos que la Administración de Petro ha iniciado con varios grupos armados para tratar de poner fin a la violencia.

En el debate posterior, la mayoría de miembros del Consejo de Seguridad se expresaron en esa misma línea, considerando que los atentados y la violencia son la mayor amenaza para el éxito del proceso de paz y dando la bienvenida a las medidas del Gobierno.

Al inicio de su reunión, el máximo órgano de decisión de la ONU aprobó por unanimidad ampliar las funciones de la misión de Naciones Unidas que apoya la verificación del proceso de paz para que también supervise los compromisos sobre reforma rural y cuestiones étnicas contenidos en el acuerdo sellado en 2016.

Numerosos países consideraron que ambas cuestiones son clave para la paz y destacaron las medidas impulsadas por Petro para impulsar el reparto de tierras entre campesinos y apoyar a los pueblos étnicos.

Algunos, como Estados Unidos, insistieron en que "no puede haber una paz duradera sin justicia e igualdad para las comunidades afrocolombianas e indígenas".

El líder indígena Armando Wouriyu Valbuena intervino por videoconferencia ante el Consejo para abordar ese asunto y destacar las dificultades que ha habido para implementar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

En parte, Wouriyu Valbuena culpó de ello al anterior Gobierno de Iván Duque y pidió más reconocimiento para las estructuras y organizaciones indígenas para que estas comunidades dejen de estar "ausentes" cuando se toman decisiones.

Por otra parte, la ONU y los miembros del Consejo de Seguridad se solidarizaron con la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, tras el intento de atentado en su contra que denunció este martes.

La propia Márquez y el canciller, Álvaro Leyva, representaron a Colombia en esta reunión celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

EFE