El Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, reiteró que el Gobierno Nacional respeta y garantiza la protesta democrática y pacífica y que, cuando se presentan actos de violencia, vandalismo, terrorismo o cualquiera de las conductas contempladas en el Código Penal, “el deber de las autoridades es acudir a la autoridad legítima del Estado para restablecer el orden”.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que la Policía Nacional “es una institución centenaria que merece el respaldo y afecto de los colombianos”, la cual “está siempre abierta y dispuesta a tomar decisiones que corrijan errores, mejoren procedimientos y garanticen que sea cada vez más fuerte y mejor”. 

Además, recordó que la política del Gobierno del Presidente Iván Duque es de cero tolerancia con la violación a la Ley o a los reglamentos por parte de cualquier integrante de la Fuerza Pública y que, en los casos donde esto se presente, “quien actúe así debe recibir individualmente las penas o sanciones respectivas por parte de las autoridades competentes”. 

El Ministro Trujillo fue enfático al afirmar que “señalar culpabilidades o atribuir autorías antes de que sean determinadas por las autoridades competentes es apresurado, irresponsable y puede ser calumnioso” y aseguró que si en los hechos del 9 y el 10 de septiembre en Bogotá algún uniformado cometió un delito, debe ser investigado por las autoridades competentes, las cuales “son las únicas autorizadas por la Constitución y la Ley para definir el grado de responsabilidad individual de cada uno”. 

Finalmente, hizo un llamado a que también se investigue y castigue a los autores materiales, instigadores y cómplices “de los ataques criminales contra la infraestructura de seguridad, los policías y los ciudadanos”, al recordar que durante esos días se presentó “un ataque masivo, premeditado y doloso contra cerca del 50 % de los CAIs de la ciudad de Bogotá y algunas estaciones de Policía, que puso en peligro la vida e integridad de los policías que se encontraban cumpliendo con su deber”.