Bajo las ópticas de los expertos, la ley de sometimiento que radicó en el Congreso el Ministerio de Justicia es "necesaria", pero con variantes para que haya justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.

Pero, ¿Qué es la ley de sometimiento que plantea el Ejecutivo? 

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, lo describió como un "régimen penal diferenciado" en donde se busca que narcotraficantes, disidentes armados, civiles, colaboradores y hasta funcionarios del Estado se presenten ante la justicia para reconocer crímenes para recibir beneficios.

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Por su parte, el abogado Eduardo Palencia, director de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, lo diferenció de la jurisdicción creada en el proceso de paz entre Santos y las FARC porque "acá se busca ampliar el espectro, ya no hacerlo con una organización en particular".

¿Es una ley necesaria?

Para el abogado Leonardo Reales, el deseo del país es la construcción de la paz y recordó que es un derecho establecido en la Constitución, por ende, sí es necesaria.

Sin embargo, reconoció que hay dos puntos que como sociedad, Colombia debe aceptar: cada proyecto de paz tiene sus condiciones y características que cumplir, y que no hay paz perfecta.

"Nunca la ha habido, ni siquiera la paz que se firmó después de la Primera Guerra Mundial en Francia, y luego en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, el proyecto de paz que hoy tenemos vigente que se firmó bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, con todas las imperfecciones que le hemos conocido, nosotros lo aceptamos como colombianos en ese anhelo de paz", indicó.

Empero, que sea necesario para avanzar como sociedad, no quiere decir que lo que presentó el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sea el ideal.

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Recordó Wilson Ruiz que la ley de Justicia y Paz de 2005 también "prometía verdad, reparación y penas alternativas", pero terminó siendo "una herramienta de reducción de condenas sin que se rompieran las clases criminales".

Para el exministro, y también precandidato presidencial, este proyecto del Gobierno repite esa fórmula, puesto que "promete penas ridículamente bajas, beneficios patrimoniales y una reintegración sin garantías clara de desmovilización real".

Las críticas al proyecto

Y es que las principales críticas de este proyecto de ley que cursará en este periodo legislativo son que las penas serán entre cinco y ocho años y que las bandas que se desmovilicen podrán mantener un 12% de los bienes obtenidos desde la ilegalidad.

"Lo que se está haciendo es validar el delito como un negocio que es rentable, se le está diciendo a los delincuentes que sigan delinquiendo, que se entregan, que vamos a negociar con ustedes sus penas y hasta que se queden con parte del botín", expresó Ruiz Orejuela.

Consideró estas medidas como desmoralizantes para los colombianos y, sobre todo, para la Fuerza Pública del país.

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Leonardo Reales indicó que hay que analizar la ley de sometimiento bajo su contexto de fondo y forma, y que un "proceso de paz jamás puede ser visto desde el marco jurídico legal o de precedentes, porque genera una imposibilidad de desarrollar un proceso de paz".

Desde la óptica de Palencia, las críticas hacia estas iniciativas siempre han estado y estarán latentes, sobre todo cuando hay zozobra por parte del país porque la JEP aún no ha emitido una sentencia en el caso de las FARC.

"Hasta la fecha todavía no se conocen fallos de la JEP y eso hace que una gran parte de la sociedad advierta con recelo estos modelos por cuanto implicaría para ellos injusticia o impunidad", indicó.

Además, también dejó dudas en que personas que hoy desde las cárceles siguen delinquiendo se sometan a esta ley y consigan beneficios, consiguiendo reducciones de penas que ya fueron fijadas por la justicia.

Pero en esa misma línea, invitó a pensar en medidas no solo de carácter punitivo, que son necesarias, pero no las únicas que pueden llevar al camino de la paz.

"Hablar de justicia implicaría abrir el espectro, hacerlo más amplio y considerar por ejemplo, que hay unos elementos de verdad, reparación, que necesitan ser materializados (...) el cuestionamiento en esta ley debería ser la verdadera reparación y el esclarecimiento de los hechos", enfatizó.

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¿Qué camino le viene a la ley de sometimiento?

Después de ser radicado, este proyecto de ley tendrá que pasar sus cuatro debates por el Congreso. Sin embargo, el experto en temas jurídicos, Leonardo Reales advirtió que los tiempos son cortos para pensar que será aprobado.

"La temporalidad es escasa para poderle dar el trámite si se tiene en cuenta que los antecedentes que tenemos de los procesos de paz en Colombia se han tramitado por leyes estatutarias (...) El gobierno lo radicó como una ley ordinaria, que sería más larga, más tediosa e indudablemente los tiempos no alcanzarían", expresó.

En el caso de Wilson Ruiz, su concepto fue más vehemente: "Le digo al Congreso contundentemente que archiven eso, no tiene ninguna viabilidad de nada. Es una nueva jurisdicción utilizando el sistema penal ordinario, no es más que una cortina de humo".

Mientras que Eduardo Palencia cerró diciendo que el país debe confiar en la institucionalidad y aseguró que en caso de que pase en el Congreso, la Corte Constitucional deberá estudiar la ley y tomar la mejor decisión para "evitar la impunidad y que se materialicen los principios de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición".