La seguridad, uno de los pilares del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, se ha convertido también en uno de sus puntos débiles por el aumento de la violencia y las constantes polémicas que involucran a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cuya cabeza pide la oposición.

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) la política de seguridad democrática jugó un papel fundamental en el Gobierno colombiano y en 2018, al llegar a la Presidencia como candidato del uribismo, Duque dijo que la recuperación de la seguridad, que consideraban descuidada durante la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) sería una "obsesión" en su mandato de cuatro años.

Sin embargo, dos años después, y a pesar del acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016, la seguridad se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno por el crecimiento de las disidencias de la antigua guerrilla y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros o las masacres en zonas dominadas por esos grupos o por bandas dedicadas al narcotráfico.

A lo anterior se suma el desgaste que suponen para el Gobierno los recientes hechos de violencia policial y militar que han minado la confianza de un sector importante de la opinión pública en esas instituciones.

Talón de aquiles del Gobierno

"Políticamente hablando es una paradoja", opina el analista Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, sobre el hecho de que un Gobierno que hizo de la seguridad ciudadana su bandera tenga en ese campo un talón de Aquiles.

El experto va más allá y asegura que "en términos institucionales es una tragedia" que el Centro Democrático, partido de Gobierno, que vendió la idea de que "era el único que tenía la capacidad de formular unas estrategias de seguridad que le dieran la país la tranquilidad necesaria", no haya respondido a las expectativas de la ciudadanía.

Libreros considera que aunque el Gobierno prometió mejorar la seguridad en todos los aspectos, "ha demostrado que es incapaz de tener una hoja de ruta por lo menos efectiva para saber cómo conducir las políticas públicas de seguridad y las políticas públicas de defensa en beneficio de la sociedad".

A su favor, el Gobierno presenta cifras que muestran una mejora de indicadores de seguridad, pero la percepción de la gente es que el país va mal en ese campo.

En sus intervenciones el presidente destaca que la tasa de homicidios se ha reducido a una de las menores en más de 40 años, que el país ha "alcanzado la menor tasa de secuestros en décadas" y que por segundo año consecutivo los cultivos ilícitos han disminuido.

En el caso específico de los asesinatos de líderes sociales, Duque asegura que comparado con el periodo 2016-2018, hay una reducción del 25 % en los dos primeros años de su Gobierno (2018-2020).

Violencia creciente 

No obstante, un estudio publicado la semana pasada por la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que los asesinatos de líderes sociales se incrementaron este año un 85 % en comparación con el primer semestre de 2019.

"Frente a los hechos de violencia letal, en lo corrido de 2020 se perpetraron 81 asesinatos", señaló el informe de la MOE, según el cual 52 de estos crímenes fueron perpetrados en las regiones donde el Gobierno ha puesto en marcha los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), "lo que significa que 64,2 % de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia".

"La seguridad para la administración Duque, lamentablemente o trágicamente se convirtió en un lastre que institucionalmente lo tiene sin favorabilidad y sin capacidad de reacción", afirma Libreros, experto en seguridad ciudadana.

Pero la violencia en los campos no es la única piedra en el zapato del Gobierno, que desde hace unas semanas tiene que hacer frente a los casos de violencia policial principalmente en Bogotá, donde un hombre de 46 años brutalmente arrestado el pasado 9 de septiembre murió poco después en un hospital, lo que dio pie a protestas que acabaron en más violencia, con otras 13 personas muertas.

Por esas y otras acciones controvertidas, el ministro de Defensa, del cual depende la Policía, tendrá que hacer frente en las próximas semanas a mociones de censura pedidas por la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes para que explique al país el manejo de la seguridad pública.

La defensa del Ministro 

Trujillo asegura que todo responde a intereses políticos de sectores que "hoy nos hablan, incluso, de sistematicidad en excesos de la fuerza pública. Nos hablan de dicotomías entre fuerza pública y ciudadanos, creando imaginarios en los que supuestamente son enemigos el uno y el otro".

"Son mensajes que solo tienen fines politiqueros, pues están muy alejados de la realidad", aseguró hoy.

Para Libreros, la crisis de la seguridad es más de fondo y se debe a tres factores: "la falta de voluntad e incapacidad política, el desconocimiento del liderazgo de los alcaldes en temas locales y el error de llevar a un precandidato presidencial a la cartera de Defensa", aspiración que el ministro no oculta.

Carlos Holmes Trujillo asumió el cargo en noviembre de 2019, en reemplazo de Guillermo Botero, un empresario sin experiencia en el área política o de defensa que dimitió al cabo de 15 meses de una gestión marcada por denuncias de irregularidades en operaciones y directrices militares.

"Al Ministerio de Defensa llegó un hombre que tenía los quilates, los galones, la experiencia, la formación profesional, como Carlos Holmes Trujillo, pero vino con una agenda eminentemente de candidatura presidencial", afirmó el analista.

Si a todo eso se suma la falta de resultados contundentes en la lucha contra los grupos armados ilegales, que Duque prometió al llegar a la Presidencia, el ministerio de más peso en su gabinete está en una situación cada vez más comprometida.

EFE