Con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe, sumado al grupo anfibio Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada, el ataque de Estados Unidos a Venezuela sería cuestión de que Donald Trump, presidente de ese país, dé la orden, a pesar de no tener el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Pero la pregunta que surge para Colombia es: ¿Qué implicaciones tendría para el país una intervención estadounidense en suelo venezolano?

Desde la semana pasada el secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, anunció que habían avanzando a la fase 'Lanza del Sur', lo que se sumó a que Trump había dicho que había tomado una decisión, aunque no reveló cuál es.

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Pero lo que sí han indicado medios estadounidenses es que la ala latina de los republicanos, liderada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido que no hay otro camino que el ataque para derrocar a Maduro y acabar al 'Cartel de los Soles', que será designado como organización terrorista por supuestamente llevar cocaína y fentanilo a Estados Unidos.

¿El ataque tiene base?

Para entrar en materia es importante recordar que una intervención de un país a otro solo se considera legítima cuando hay mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU o hay una necesidad de autodefensa clara frente a un ataque armado en curso o inminente.

Estados Unidos ha esgrimido, según Angélica Jiménez, Directora del programa de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, argumentos como la defensa de su democracia y los derechos humanos, la crisis humanitaria y migración, narcotráfico y narcoterrorismo y la doctrina Responsabilidad de Proteger (R2P) o una intervención humanitaria.

"Sabiendo que no hay un mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU y que no existe ningún ataque armado en curso o inminente por parte de Venezuela, la intervención de Estados Unidos no tiene sustento legal ante el Derecho Internacional", afirmó Jiménez.

Acotó que doctrina R2P es un compromiso político, no una licencia automática para que un país intervenga a otro.

"La interpretación dominante es que cualquier uso de fuerza en nombre de R2P debe ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU y que la doctrina de “intervención humanitaria unilateral” sigue siendo muy discutida y no está claramente reconocida como derecho consuetudinario". 

¿Qué debería hacer Colombia?

Esta explicación va de la mano con la siguiente afirmación de la experta en relaciones internacionales: "Una intervención militar unilateral de EE.UU. en Venezuela (sin ataque previo venezolano y sin mandato del Consejo de Seguridad) estaría, en términos generales, en tensión grave con el derecho internacional y con el principio de no intervención".

Y acá es donde surge un gran problema para el país, y principalmente para el Gobierno de turno, en este caso el de Petro, ¿cuál es la posición que debe tomar?

Si Colombia, en su intención de arreglar sus lazos con Estados Unidos, hoy notablemente deteriorados, apoya esta intervención, chocaría con la Carta de la ONU que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado, así como con el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados. 

Aunque Jiménez considera que un cambio de régimen llevaría a Venezuela a gobierno más estable, pondría se considerada como "co-autora o cómplice de una violación al principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, afectando su imagen de Estado que respeta el derecho acarreando la pérdida de autoridad moral en foros donde Colombia suele defender la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía, la protección de derechos humanos y del DIH".

Además, enfrentaría críticas y posibles condenas en bloques como Celac o Unasur, e incluso en la Asamblea General de la ONU.

Igualmente, podría tener repercusiones con otros países como China o Rusia, la Unión Europea o países del sur global, perdiendo margen de maniobra por ser considerado un "aliado condicional" de los Estados Unidos.

En contraprestación, un beneficio a largo plazo para el país sería la "reducción fiscal y social" producto del regreso de los ciudadanos venezolanos a su país.

Alrededor de 1,8 o 2,5 millones de venezolanos residen en suelo colombiano, muchos de ellos bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).

Por su parte, Eduardo Palencia, director de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, consideró que la decisión del Gobierno debe estar ligado a los Derechos Humanos, basados en el artículo 9 de la Constitución.

Sin embargo, Palencia explicó a Zona Cero que el Gobierno Petro ha templado su discurso frente a Estados Unidos, después de las decisiones de la administración de Trump, como incluir a Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti a la 'Lista Clinton'.

Igualmente, ha cedido en temas como los bombardeos, que fueron reiniciados y han generado polémica, principalmente por la muerte de al menos 12 menores de edad.

Pero si Colombia fija una postura contraria a las intenciones de Estados Unidos, el resultado podría ser crítico para el país, puesto que Trump podría tener una razón más para aumentar las tensiones con Petro.

Ya el jefe de Estado ha sido denominado como el "líder del narcotráfico" por Trump, fue incluido en la 'Lista Clinton' y el Gobierno Trump no ha desaprovechado oportunidad para lanzar palabras contra Colombia. 

Los castigos estarían ligados a la cooperación, comercio y seguridad. 

Además, los grupos ilegales en el país serían objetivos de las fuerzas extranjeras: "Los grupos al margen de la ley tendrían unas consecuencias negativas a sus intereses, toda vez que, algunas de estas  organizaciones han sido calificadas por el gobierno de aquel país como terroristas y exportadores de cocaína. Creo que sería un pretexto para  avanzar en su contra", dijo Palencia.

Actualmente el ELN hace parte de la lista, pero el senador Bernie Moreno anunció que están haciendo los trámites para incluir al 'Clan del Golfo' y las disidencias de las FARC.

Y otro aspecto a mencionar es que apoyar o no a Trump sería un nuevo punto de polarización y erosión de legitimidad de Petro. 

"Esto puede traducirse en tensiones entre ramas del poder público, protestas, debates en la Corte Constitucional respecto a tratados de defensa o uso de tropas, y desgaste de la legitimidad del gobierno de turno", puntualizó Angélica Jiménez.

Migración y economía

Dos aspectos claves en los que hay que profundizar ante este panorama son la migración que enfrentaría Colombia en el corto plazo y los impactos en la economía colombiana.

Palencia resaltó el "éxodo hacia nuestro país podría incrementarse, pues las personas huirían ante una posible ocupación militar", y no solo hace referencia a ciudadanos venezolanos, sino a colombianos que se han radicado en el hermano país.

Por su parte, Angélica Jiménez agregó que un "escenario de intervención militar o guerra civil ampliada podría generar una nueva ola de desplazamiento masivo, presionando aún más los sistemas de salud, educación, empleo y seguridad en regiones de acogida, como Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Bogotá".

El economista de la Universidad Libre, Roberto Morales, añadió un nuevo problema: la dependencia de Colombia frente a Estados Unidos y la necesidad de gas o otros servicios por parte  de Venezuela.

Recalcó Morales que al menos un 80% de las exportaciones del país son dirigidas a Estados Unidos, por eso es muy sensible tomar partida en esta situación.

Tener una repercusión como aranceles sería altamente perjudicial para el país, pues "nuestras economías van a ser muy sensibles a esas a esas políticas que ellos tomen ahí".

El economista subrayó que economías como la colombiana son sensibles a los impactos negativos y se viviría una desaceleración de la economía.

Además, fue enfático en manifestar que los problemas en la frontera que generaría una intervención estadounidense afectaría a sectores clave de la economía como la palma de aceite, agricultura y minería, porque están en departamentos como La Guajira, Norte de Santander y Arauca.

No obstante, Morales destacó que "cualquier intervención militar debe respetar la constitución y la ley sobre todo, evitando ante todo que Colombia se involucre directamente en conflictos externos".

Igualmente, recordó que hoy en el país necesita del gas de Venezuela por la deficiencia nacional, aspecto que podría entrar en riesgo. 

El panorama para Colombia en caso de que se dé esta intervención es crítica, porque cualquier postura sería un problema. Por lo pronto, la mejor oportunidad sería que Maduro y el chavismo dejen el poder durante una negociación. De lo contrario, el Gobierno Petro o el próximo tendrán que tomar una decisión costosa social y políticamente.