El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Alejandro Ramelli, desde Barranquilla aseguró estar "dispuesto a trabajar en el marco de la colaboración armónica que rige la Constitución dentro de un marco de respeto y de autonomía judicial" con el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien tomará posesión como Presidente de Colombia este 7 de agosto.

El magistrado dio a conocer esta posesión tras conocerse que De La Espriella no ha estado de acuerdo con este alto tribunal y siendo candidato propuso disolverla.

Sobre si la JEP se puede disolver con un decreto presidencial indicó con un rotundo no.

" Es imposible porque la JEP fue conformada mediante un acto legislativo que tiene ocho debates reforzado por otro acto legislativo.  Ambos fueron examinados por la Corte Constitucional  y declarados exequibles con lo cual existe todo un blindaje constitucional y no se puede derogar por un decreto", aseguró el magistrado.

Así las cosas, envió un mensaje al Presidente electo.

"Siempre hemos hecho un llamado a la colaboración armónica, a un diálogo técnico, a absorber todas las inquietudes que puedan tener sobre nuestro funcionamiento, pero sobre todo en un marco de respeto por las competencias de cada una de las entidades".

El presidente de la JEP participó este martes, en Barranquilla, en una audiencia de reconocimiento donde oficiales del Ejército reconocieron su participación en 'falsos positivos' en la Costa Caribe.

Entre estos oficiales se encontraban el Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo y el Brigadier General Adolfo León Hernández Martínez, quienes comandaron respectivamente la Décima Brigada Blindada y el Batallón de Artillería número 2 'La Popa', en Valledupar, para la época de los hechos.

La Jurisdicción Especial para la Paz es el alto tribunal creado tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. 

Este tribunal investiga, juzga y sanciona delitos en el marco del conflicto armado interno  ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. 

Entre sus objetivos está ofrecer la verdad a las víctimas, contribuir a la reparación y enfocada en una justicia restaurativa. 

La JEP juzga a excombatientes de las FARC, a miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado y civiles que hayan participado de forma voluntaria en los delitos dentro del marco del conflicto armado.

Los 'falsos positivos' son  un capítulo dentro de ese conflicto armado en Colombia.