“La Fiscalía saluda el silencio de los fusiles y se compromete ante la patria a cumplir con la responsabilidad histórica que le corresponde, en primer lugar para que no haya impunidad”.

Así lo aseguró el fiscal general Néstor Humberto Martínez, un día después de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

“Vamos a entregar toda la información a la jurisdicción especial de paz de los crímenes de guerra de los delitos, de lesa humanidad que se cometieron con ocasión del conflicto para que la Jurisdicción Especial de  Paz pueda funcionar cabalmente, pero el principal compromiso de la Fiscalía no es con el cierre jurídico del proceso de paz, que le corresponderá a la Jurisdicción Especial de Paz, sino fundamentalmente con el futuro”, sostuvo.

“En primer lugar nos corresponderá asegurar la consolidación de la paz en el territorio. No podemos permitir, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, que las zonas de consolidación o de normalización de las cuales se desplazarán las personas alzadas en armas lleguen a ser copadas por nuevas formas de violencia. La Fiscalía no lo permitirá. Esa es una de las razones por las cuales hoy, anticipadamente, estamos en Nariño, cuando estamos advirtiendo nuevas expresiones de criminalidad en la zona de Tumaco, que no vamos a permitir que prosperen y que vamos a judicializar", aseguró el jefe del ente acusador.

Martínez Neira anunció la creación de la nueva Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, "contra quienes atenten contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. No vamos a permitir que haya impunidad frente a aquellos que levanten su mano como agresores contra quienes son gestores de paz. Para tal efecto vamos a designar a la magistrada antioqueña Alexandra Valencia con el objeto de que ella sea la primera directora de la Unidad de Crimen Organizado que fue prevista en los acuerdos especiales"

Sostuvo que "la Fiscalía velara con todo empeño y decisión para que se haga efectivo el principio de no repetición. Los desmovilizados podrán convivir con sus beneficios siempre y cuando no incurran en el delito". 

Advirtió que hay un nuevo reto para la Fiscalía: "Los patrimonios ilícitos de los movimientos alzados en armas no están legalizados".

"La Fiscalía perseguirá los patrimonios ilegales surgidos del narcotráfico, surgidos del secuestro, surgidos de la extorsión y de la minería ilegal. Bienvenidos a la democracia, pero esa incorporación al sistema político colombiano no se hará con dineros ilegales. Esos patrimonios serán objeto de extinción del dominio", puntualizó.