La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió hoy a 31 miembros de la FARC que en los próximos diez días entreguen un informe en el que detallen las actividades que han realizado para ubicar los restos de las personas secuestradas y desaparecidas por esa guerrilla durante el conflicto armado.

"La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad produjo un auto a través del cual notificó a los comparecientes exmiembros de las FARC vinculados con el caso 001, el de retenciones ilegales, para que en el término de 10 días presentaran un informe detallado individual y personal", manifestó a periodistas la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

La funcionaria agregó que en ese documento deben especificar "las actividades que hayan venido cumpliendo" relacionadas con "la ubicación de restos humanos en el marco de la comisión del delito de retenciones ilegales".

El pasado 13 de julio la JEP citó a líderes de la FARC, entre ellos su máximo jefe, Rodrigo Londoño, para que respondan por los secuestros cometidos entre 1993 y 2002, lo que se convirtió en el primer caso que abrió ese tribunal, conocido como auto 001.

Además de Londoño ese día se citó a otros mandos del ahora partido político FARC, como Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, los dos últimos senadores escogidos por esa guerrilla en virtud del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

Linares agregó que además de suministrar información sobre los secuestrados y desaparecidos, los líderes de la antigua guerrilla deben reiterar su compromiso con el proceso de paz.

Es obligación incluye a exjefes guerrilleros que abandonaron las zonas de reincorporación, como Iván Márquez, Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña', y Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', cuyo paradero se desconoce.

La magistrada afirmó que si los miembros de la FARC no cumplen con la orden, se realizaría una "audiencia de condicionalidad" en la que se verificará si están cumpliendo o no los "compromisos adquiridos" y se tomará la "decisión que corresponda".

La JEP es la institución creada especialmente para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano y una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado con el Gobierno.

El segundo caso que abrió la JEP investiga la violencia contra la población mayoritariamente indígena de tres municipios del suroeste del país y el tercero tiene qué ver con las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, conocidos en el país como falsos positivos.

EFE