A once días de volver a las urnas en la segunda vuelta presidencial, el panorama político del país ha dado un giro importante con la posible suspensión temporal del presidente Gustavo Petro, por parte de la Comisión de Acusaciones, lo que generando “inquietudes” en lo que respecta al impacto real que esto tendrá en el comportamiento de los votantes.

Pese a que la decisión se discutirá en una sesión plena, en grado de consulta, especialistas en materia política y penal coincidieron en si esta suspensión se da, el país entraría en un "territorio desconocido", donde la falta de precedentes y la radicalización de los discursos “amenazarían con eclipsar” las propuestas programáticas de las campañas.

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Para el politólogo Daniel Barrios, el inconveniente radicaría en “el vacío o laguna jurídica” de la situación.

“Existen interpretaciones encontradas sobre la inmediatez de la medida. Mientras algunos sectores afirman que la suspensión no tiene efectos jurídicos inmediatos al haber sido radicada apenas en la Comisión de Acusaciones en horas de la mañana, otros señalan que esta decisión debe pasar obligatoriamente por la aprobación del Senado de la República, un trámite para el cual, por cuestiones de calendario, no darían los tiempos", explicó.

Barrios advirtió que, independientemente de su “desenlace técnico”, el hecho ya actúa como un detonante que “radicalizará las posiciones en dos frentes clave” que definirán la elección: los indecisos y los abstencionistas.

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"Hay evidencia por lo menos en el Atlántico, y específicamente en Barranquilla, de que hubo una abstención del 50%. Este tipo de hechos pueden generar movilizaciones dentro del electorado", sostuvo.

Además, señaló que, si se llega a confirmar la suspensión, el ambiente institucional “se agudizará” al convertir al mandatario prácticamente en un "jefe de campaña de cierre" para la segunda vuelta.

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Impacto en lo jurídico y la confianza ciudadana

Por su parte, el abogado penalista, Andrés Díaz, analizó el fenómeno desde el derecho y la confianza ciudadana.

Para él, la decisión carecería de un “fundamento legal válido”, calificándola como una medida que "esperaría que pase rápido sin consecuencias reales". Sin embargo, prevé un impacto en la percepción ciudadana.

"Esta decisión va a incentivar aún más el descrédito popular de las instituciones. Aunque es difícil predecir a qué candidato favorece, el verdadero damnificado es el orden democrático. Mientras que los sectores afines al Gobierno catalogarán la medida como un intento de golpe de Estado, los opositores podrían verlo como un autoatentado jurídico diseñado para victimizar y sumarle votos al Pacto Histórico”, afirmó.

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En lo que respecta al escenario hipotético en el que la vicepresidenta Francia Márquez asuma la jefatura de Estado, el penalista fue contundente en que eso “haría mucho mal, no por la persona de la vicepresidenta, sino por lo que significaría para la institucionalidad. Deslegitimaría el papel de la Comisión, mancharía innecesariamente la elección y llevaría a una reforma profunda de la Constitución".

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Finalmente, es importante resaltar que el CTI, es el ente encargado de recaudar, verificar y preservar el material relacionado con las publicaciones investigadas. Y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tiene que informar si la cuenta de Petro es utilizada institucionalmente como canal oficial de comunicación del mandatario.