La organización no gubernamental Human Rights Institute (Fundación Derechos & Justicia Asociados) consideró que el expresidente Álvaro Uribe es inocente del presunto soborno a testigos y fraude procesal en la cárcel La Picota de Bogotá, y pidió detener la persecución penal contra el líder del Centro Democrático.

En un informe independiente de 50 páginas, la entidad, que es consultora de la OEA y que sigue el caso del exmandatario desde el 2018, aseguró que llegó a esta conclusión luego de analizar el “material indiciario y probatorio que fue recolectado durante su investigación y el que fue trasladado por parte de la Corte Suprema de Justicia en el momento en el que se cambió la competencia para conocer del asunto, en virtud de la pérdida del fuero como congresista”.

Indicó además que los argumentos jurídico-penales corroboran la inocencia del expresidente Uribe Vélez, por lo que opinó que todo esto “debería conllevar a la finalización de la persecución penal tal como lo ha expresado por dos ocasiones el ente acusador sobre dicho caso, al determinarse la existencia de la atipicidad en la conducta y la imposibilidad formal y material de desvirtuar la presunción de inocencia del expresidente Álvaro Uribe”, según publica la revista Semana.

La ONG asegura además que el ente acusador analizó y valoró el material indiciario y probatorio recolectado durante su investigación y el que fue trasladado por parte de la Corte Suprema de Justicia en el momento en el que se cambió la competencia para conocer del asunto, en virtud de la pérdida del fuero como congresista.

Dijo además que Juan Guillermo Monsalve no era testigo de ningún acto ilegal que presuntamente hubiera cometido el expresidente.

“La probabilidad de verdad que encontró la Fiscalía en este evento es que el señor Juan Guillermo Monsalve no tenía nada de que retractarse porque además no conocía lo que en verdad ocurrió en la Hacienda Guacharacas, y que además él no hizo parte del Bloque Metro o de alguna organización paramilitar en la época de los hechos que son investigados y que vinculan a la familia Uribe Vélez”.

Según el extenso documento de la Human Rights Institute (Fundación Derechos & Justicia Asociados, el testigo Monsalve fue visitado el 23 de febrero de 2018 por la magistrada auxiliar Sandra Arroyave para escucharlo en declaración bajo la gravedad de juramento, pero sin la presencia de los abogados del expresidente para contrainterrogarlo.

“En dicha declaración relató los hechos en los que presuntamente habría sido buscado por Enrique Pardo Hasche para cambiar su versión en la primera entrevista que le concedió a Iván Cepeda Castro en 2011″, añadió.

“Enrique Pardo Hasche manifestó que fue Monsalve quien lo buscó para que contactara a alguna persona que tuviera relación con Álvaro Uribe, ya que este se encontraba en condiciones de rectificar o aclarar lo que él mismo había dicho”, asegura en el informe, lo que fue soportada por la Fiscalía a través de la declaración de Pardo ante la Corte Suprema el 6 de septiembre de 2019.

Concluye que con base al análisis dogmático del tipo penal, los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, las reiteraciones realizadas por parte de Ministerio Público y la intervención de la defensa técnica del expresidente Uribe, “no existe un indicio que permita desvirtuar la presunción de inocencia”.

El pasado 23 de mayo, la juez 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, negó, por segunda vez, la preclusión del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno de testigos, razón por la cual el exmandatario puede ir a juicio.