El pasado 10 de julio, un fallo del Tribunal Superior de Santa Marta favoreció al alcalde suspendido Rafael Martínez,al ordenar al Juzgado 1º Penal del Circuito de Santa Marta a que “en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles” resuelva su situación jurídica, que lo tiene en detención domiciliaria desde el pasado 21 de marzo.

Aunque ya se había estipulado como fecha para la audiencia el 24 de julio próximo, esta decisión del Tribunal adelanta la citación para que se haga lo más pronto posible. Tanto para el alcalde Martínez como para el movimiento Fuerza Ciudadana, esta decisión judicial fue motivo de celebración, pues el tiempo que le queda al mandatario suspendido para administrar la ciudad es finito (termina el 31 de diciembre) y, en este sentido, cada día cuenta.

El magistrado ponente responsable de esta decisión favorable para Martínez fue Carlos Milton Fonseca Lidueña, hermano de Iris María Fonseca Lidueña, quien funge como representante legal de la empresa llamada Fonseca &Fonseca Abogados SAS, la cual hace dos meses firmó un contrato con la Essmar por 62 millones de pesos en asesorías legales.

Seguimiento.co estableció esto al confirmar que el 8 de mayo de 2019 su hermana firmó un contrato para la “asesoría jurídica en litigios que se presenten en contra de la Essmar”, además del acompañamiento en “la realización de capacitaciones jurídicas”, por un periodo de 7 meses y 24 días.

La Essmar ha sido considerada la ‘joya de la corona’ en medio de la lucha de poderes políticos que se vive en Santa Marta desde el mes de abril, cuando el presidente Iván Duque nombró a Andrés Rugeles como alcalde encargado de Santa Marta y este, desde entonces, ha realizado una serie de remezones y movimientos para sacar de los cargos estratégicos a todas las ‘fichas’ de Rafael Martínez.

Precisamente una de esas fichas era Ingrid Aguirre, quien había sido designada por el propio Martínez, en cabeza de la junta directiva, desde el mismo momento en que la Essmar fue constituida. Y Aguirre, en calidad de gerente de la Essmar, fue quien firmó el contrato de asesoría jurídica del que se beneficia actualmente la abogada Fonseca Lidueña, hermana del magistrado que falló a favor de Martínez.

¿Impedimento no declarado?

Seguimiento.co se tomó el trabajo de averiguar quiénes son los propietarios de la firma, para descartar que el magistrado tuviera alguna participación directa en ella, pues de ser así podría configurarse una posible irregularidad.

Fue así como este medio digital estableció que, aunque Iris María Fonseca es la representante legal de la empresa, quienes figuran como socios son Angie Lorena Muñoz Arévalo (20% participación), David Gonzalo Muñoz Arévalo (20% participación) y Yolanda Arévalo Serrano (60% participación).

De acuerdo con la Ley 906 de 2004, a través de la cual se rigen los impedimentos y las recusaciones de los funcionarios judiciales (entre otros temas del Código de Procedimiento Penal), en el artículo 56 se estipula que hay lugar a un impedimento si la cónyuge o “algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.

En este contexto, es inevitable evidenciar que la presencia de actores como Rafael Martínez, la Essmar, la gerente Ingrid Aguirre y el otorgamiento de un contrato de 60 millones de pesos a una empresa con los apellidos Fonseca & Fonseca, representada legalmente por la hermana del magistrado Carlos Milton, quien tomó una decisión judicial en beneficio del alcalde suspendido, dan espacio a inquietudes que interesan a la opinión pública: ¿Debió el magistrado declararse impedido?