En medio de una creciente ola de violencia que azota a varias regiones del país, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro habría destinado una multimillonaria inversión para proteger a los líderes de los grupos criminales más peligrosos de Colombia.

Documentos oficiales revelados por Semana, indican que, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz y con apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se han financiado vehículos de alta gama, combustible y escoltas para delegados del ELN y las disidencias de las FARC.

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La inversión contrastaría con las solicitudes de protección de mandatarios locales, congresistas y precandidatos, quienes han han denunciado que recibido la respuesta del Ejecutivo de que no existen recursos suficientes para atender sus clamores.

Beneficios millonarios para grupos criminales

La documentación publicada por el citado medio capitalino muestra el nivel de beneficios otorgados a los delegados criminales. En 2024, seis miembros del ELN recibieron siete vehículos, cuyo alquiler mensual alcanzó los $106.836.925. A esto se sumaron más de $7.9 millones en bonos mensuales de gasolina y el servicio de 15 escoltas.

Las disidencias de las FARC no se quedaron atrás. Durante sus negociaciones con el Gobierno, diez de sus miembros se beneficiaron de diez camionetas, con un costo mensual de arrendamiento de $199.448.324, además de más de $9 millones en combustible y 25 escoltas.

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Indignación y críticas

La situación ha generado fuerte rechazo en distintos sectores. Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, calificó la decisión como injustificable. “Líderes sociales y alcaldes piden protección para ellos, y se les dice que no hay. No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a los criminales en medio de la paz total”, dijo Barragán.

A pesar de las críticas, la Casa de Nariño planearía continuar con la protección a los criminales, destinando $6.050 millones adicionales del Fondo para la Paz.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz será la encargada de seleccionar a los protegidos y verificar mensualmente su compromiso con las negociaciones.

El Gobierno sostiene diálogos activos con cuatro mesas de negociación y cinco espacios de conversación, los cuales, según el informe, no han mostrado resultados significativos para la seguridad de los colombianos.