La precandidata presidencial Paloma Valencia solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión del Decreto de Emergencia Económica, al considerar que no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para su expedición.

Según Valencia, "no existe un hecho grave, sobreviniente ni intempestivo que justifique la declaratoria de un estado de excepción".

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En ese sentido, afirmó que el Gobierno habría acudido a esta herramienta extraordinaria sin fundamento jurídico suficiente, con el propósito de imponer por decreto una reforma tributaria que no logró ser aprobada por el Congreso de la República.

El Decreto fue presentado luego de que el Legislativo hundiera la denominada Ley de Financiamiento, iniciativa con la que el Gobierno buscaba recaudar $16,3 billones para cubrir el déficit fiscal del Estado.

Para la candidata, este antecedente demuestra que "se estaría desconociendo la separación de poderes y el trámite democrático previsto en la Constitución".

Valencia advirtió además, que la medida tendría implicaciones directas en el bolsillo de las familias colombianas, especialmente en la clase media.

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Aunque el Gobierno ha señalado que el impacto recaería principalmente sobre los llamados “megarricos”, el Decreto contempla disposiciones que afectarían de manera más amplia a la ciudadanía.

Entre las posibles consecuencias se encuentran "el considerable incremento de impuestos para los colombianos, la aplicación del IVA del 19 % a apuestas en línea y juegos de azar, nuevos impuestos a cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina y bebidas alcohólicas, así como la creación de un impuesto especial para la estabilidad fiscal sobre las exportaciones de carbón y petróleo", finalizó.