En una audiencia pública que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado sobre el proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia, el Ministerio de Salud, a través de su delegado Ricardo Luque comisionado por esa cartera para dar a conocer la posición del Gobierno, pidió al senador Humberto de la Calle y demás parlamentarios que apoyan la propuesta, hacer algunas correcciones para evitar que el país pueda convertirse en un destino al que se haga “turismo de la muerte”.

Luque dijo que el proyecto plantea que un ciudadano extranjero que se encuentre en el país podría acceder a la muerte asistida si así lo solicita, lo cual es un error, porque solo debería permitirse para colombianos y quienes tengan residencia en Colombia.

“Notamos un tema problemático en la redacción porque dice que puede ser para nacionales y extranjeros que al momento de la solicitud estén en el territorio colombiano, eso implicaría una especie de turismo en salud, un turismo en la muerte, en donde las personas se trasladan de un país a otro para poder morir”, afirmó. 

El delegado del Gobierno aseguró también que en todos los países en donde está permitida la eutanasia, es insustituible el consentimiento para esta práctica, lo que quiere decir que el proyecto de ley, bajo ninguna circunstancia, puede permitir que un tercero tome la decisión de quitarle la vida a otra persona. 

“No hay consentimientos sustitutos en el mundo, se da prelación a la toma consciente de la decisión, ya sea en el momento o a través de un documento de voluntad anticipada en donde la persona manifieste que está en condiciones propias de autonomía para generar la solicitud, nadie puede solicitar la eutanasia para otra persona en ninguna parte del mundo”, subrayó. 

Sostuvo que esta es una medida de protección para evitar que se presenten casos de intervención indebida de terceros, que pueden generar algunas complicaciones en el sistema de salud. 

En los próximos días, la Comisión Primera del Senado arrancará la discusión en primer debate de esta iniciativa que busca reglamentar la práctica de la eutanasia en el país, tal y como lo ha pedido la Corte Constitucional en su más reciente sentencia.