El senador opositor colombiano Antonio Sanguino aseguró este martes que el espionaje a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en el país es una "gran operación" ordenada desde la cúpula de inteligencia del Ejército y por eso el Gobierno debe asumir su responsabilidad política.

"Es una operación de espionaje ilegal, pero además ordenada y adelantada desde la cúpula de la inteligencia del Ejército", dijo a Efe Sanguino, del partido Alianza Verde y uno de los nombres que aparece en los seguimientos informáticos, por lo que pidió investigar esa conducta y establecer quién ordenó "semejante operación".

La revista Semana publicó en su última edición una investigación titulada "Las carpetas secretas", en la que asegura que integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, como Nick Casey, corresponsal de The New York Times, y Juan Forero, de The Wall Street Journal.

También aparece John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.

Entre los nombres mencionados en las carpetas en las cuales los militares guardaban datos de los espiados también están, además de Sanguino, los también senadores Gustavo Bolívar y Angélica Lozano, esta última pareja de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, así como líderes sociales.

Ante el escándalo el Presidente, Iván Duque, ha dicho que es "inadmisible" que el Ejército de dedique a espiar ciudadanos y prometió castigo para los implicados.

Espionaje de grandes proporciones

Los seguimientos a opositores no son nuevos. Sanguino y otros senadores como Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y Roy Barreras, del Partido de la U y muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos, denunciaron el año pasado que fueron víctimas de escuchas ilegales.

En esa ocasión acusaron a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que reemplazó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), antigua policía secreta que fue liquidada por Santos justamente por espiar periodistas y magistrados de las altas cortes.

"Estamos en presencia de una gran operación de espionaje (...) Estamos hablando de 130 personas por lo menos. Algunas otras fuentes hablan de 300 carpetas o 300 personas", recordó Sanguino ante el caso que sacude al país.

El político agregó que lo hecho por miembros del Ejército es una operación ilegal de inteligencia "con un signo de ser una operación de la extrema derecha".

"Como no es la primera vez (que los espían), nosotros tenemos la consideración de que aquí hay un sector de la extrema derecha enquistado en la inteligencia militar que ha sobrevivido a varios gobiernos y llegó la hora de que ese sector sea desalojado de esas porciones de la institucionalidad", puntualizó.

Asumir responsabilidades 

Por este caso, la Fiscalía General anunció ayer que llamará a interrogatorio al general retirado del Ejército Nicacio Martínez, quien era el comandante de esa institución cuando se hizo el espionaje y pasó a retiro en diciembre pasado.

El Senado colombiano estudia citar, en una fecha por definir, a un debate de control político a los ministros del Interior, Alicia Arango, y Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por este escándalo.

Sanguino considera que Trujillo debe dar las explicaciones sobre estos hechos y "asumir la responsabilidad política correspondiente porque esto no puede ocurrir a espaldas del ministro y esto no puede ocurrir a espaldas del Presidente Duque".

Igualmente dijo que algunos sectores evalúan una moción de censura a Trujillo pues tiene responsabilidades políticas en lo ocurrido.

El senador Sanguino concluyó que si el espionaje ocurrió "a espaldas del presidente y del ministro estamos en presencia ya no de una responsabilidad por acción sino de una responsabilidad por omisión".

EFE