Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, reveló con detalles la participación del empresario condenado por corrupción Emilio Tapia, en el escandaloso contrato con el Ministerio de las TIC.

"Los representantes legales de los integrantes de la Unión Temporal me informan que el señor Emilio Tapia no es el propietario de ninguna de esas empresas y que él tuvo una intervención como estructurador del proyecto, es decir que unió a varias empresas que conocía", indicó el jurista a RCN Radio.

Recordemos que en la madrugada de este lunes fueron aprehendidos el empresario condenado por corrupción Emilio Tapia; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT Centros Poblados y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

El abogado de la UT Centros Poblados informó que Emilio Tapia "tenía alguna relación de amistad con los representantes legales para participar en un proceso".

"Él ha manifestado que esa no es una actuación lícita de una persona que ya había adquirido un compromiso con la justicia y que tenía de alguna manera que realizar alguna actividad para trabajar y poder sostener a su familia", justificó Pino Ricci.

En este momento se desarrolla la audiencia de legalización de captura contra los tres capturados.

Al ser consultado nuevamente por la participación de Emilio Tapia en el contrato, Pino Ricci reiteró que "intervino como estructurador".

"Conociendo varias empresas para colaborarles en una asesoría para la presentación de la propuesta y de la ejecución del contrato... como abogado y antiguo empresario, intervino en la unión de esfuerzos para la presentación de la licitación", señaló el jurista.

Lo mejor del asunto es que pese a que Tapia fue condenado por el 'Carrusel de la contratación' de Bogotá, Pino Ricci vio como "normal" la participación del empresario en este escandaloso caso

"Yo no encuentro ningún obstáculo para que una persona que  gracias a su testimonio se logró la condena de varios funcionarios públicos que actuaron indebidamente se resocialice y puede realizar actividades que le permitan subsistir", afirmó el abogado.

El contrato consistía en instalar puntos digitales para conectar a 7 mil colegios rurales del país.

El Ministerio le giró $70 mil millones de anticipo al contratista y gran parte de este dinero terminó en cuentas de Estados Unidos y aún no ha sido rastreado por las autoridades.

Pino Ricci, abogado de Centros Poblados, señaló que Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, "no tuvo nada que ver con la expedición y otorgamiento de garantías en relación con la póliza por el anticipo por 70 mil millones de pesos".

"Existe un fuerte rumor de que dos hombres y una mujer funcionarios del Banco (Itaú) hacen parte de un grupo de personas dedicadas al trámite y la expedición de garantías del banco sin el cumplimiento de los requisitos internos", expresó el jurista a RCN Radio.