El Ejército de Liberación Nacional arremetió nuevamente este lunes contra la política de 'Paz total' del Presidente de la República, Gustavo Petro.

La guerrilla se refirió a lo ocurrido el pasado 30 de agosto, cuando el Gobierno entregó al Congreso un Proyecto de Ley sobre la Paz Total, que modifica la Ley de orden público vigente desde 1997, con la que busca dotarse de una política de paz de Estado.

El Comando Central del ELN emitió un extenso comunicado en donde crítica lo que propone Petro y además, ataca nuevamente que coloquen a la guerrilla al mismo nivel de las bandas criminales.

Incluso, no está de acuerdo en que estas bandas reciban un estatus político.

Este es el comunicado textual del comando central del ELN

Uribe intentó en 2005 convertir a los paramilitares en sediciosos, les dio la categoría de delincuentes políticos, ante ese exabrupto y otros las Cortes rechazaron tal medida; desde los años ochenta del siglo anterior rompiendo una sólida tradición liberal, por mandato de los gringos el régimen ya había buscado confundir y destruir la noción de delito político, que distingue la acción realizada por motivos altruistas, trató cada vez más a los rebeldes como delincuentes comunes y a sus bandas criminales como rebeldes con el fin de sumar a su estrategia contrainsurgente.

Ahora, en 2022, en el marco de la denominada Paz Total, un Proyecto de Ley pretende que estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios de lucro y acumulación de capital, tengan el ropaje que el Derecho Internacional sólo otorga a partes contendientes; así, implica dos grandes trampas el plausible objetivo de desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente, por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico.

Primera: calificar a bandas del crimen organizado sin motivaciones de alzamiento armado, conectadas con los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencionales del Derecho Humanitario, hablando por ejemplo de “control territorial” o “dirección de un mando responsable”, como si el mando fuera quien dispara, el sicario, y no quien organiza esas redes en unas áreas con presencia estatal; se hace abstracción de dónde están las grandes fortunas amasadas con el despojo y dónde viven los determinadores, que ya hablan abiertamente de emprender el reciclaje paramilitar, como Lafaurie de Fedegán lo anunció hace pocos días, incluso la Comisión de la Verdad en su disgregado informe, reconoce quiénes promueven ese fenómeno y recientes reportes más exactos de otras entidades lo ratifican.

Segunda: formular en general un plan de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), no sólo destinado formalmente a esas estructuras instrumentalizadas por los de arriba en función de sus patrimonios y garantías, sino más a fondo dirigido a la insurgencia del ELN para eliminarla, o sea, el modelo que se aplicó a las Farc recientemente y que ha sido reconocido como un fracaso.

Una cosa es pensar en desarticular estratos de algunas bandas criminales, siendo Colombia el Segundo país del mundo con más cantidad de ellas, y otra cosa es servir a la impunidad y beneficios de grandes capos ligados a poderosos sectores económicos, políticos y de las Fuerzas Armadas, dejándoles intocables en las sombras y también a un lado la responsabilidad de crímenes de Estado y el Genocidio continuado ampliamente documentado.

Una cosa es reconocer el Conflicto Armado del régimen con el ELN y nuestro derecho a preservar la cohesión social y la resistencia construida en décadas con el pueblo en los territorios, y otra propagar la tesis cuyo laboratorio internacional es Colombia -no aplicada a otros países con dinámicas de violencia descomunal-, según la cual hay que contar cuántos grupos funcionan para, en una aritmética escolar, concluir que esa misma cantidad es la que corresponde a los “conflictos bélicos”; así, si son seis conjuntos en ese contexto, erróneamente se dice hay seis “guerras”; esta es una lectura apócrifa que desnuda el propósito de equiparar una organización rebelde y sus acumulados, con la acción de paramilitares o de narcotraficantes, o sea, de delincuentes comunes, y de diluir la responsabilidad del Estado colombiano y de Washington, que articulan diferentes escuadrones y cadenas de mercenarios en su política contrainsurgente, de esto no se menciona ni una palabra en el Proyecto presentado al Congreso.

El ELN no sólo está de acuerdo sino que ha promovido el Diálogo Nacional de todos y de todos los temas, así como con transparencia abogamos por Acuerdos Humanitarios, pero este instrumento de Derecho Internacional, no autorizado su uso para bandas delincuenciales, debe mantenerse entre beligerantes que expresan poderes diferenciados y antagónicos, con capacidad real de pactar y de dar cumplimiento; por lo tanto distinguirse de lo que son propósitos de sometimiento judicial que sí deben propugnarse en relación con dichas bandas, ninguna de las cuales disputa en términos históricos la legitimidad del régimen, como sí lo hace el ELN, razón por la cual somos rebeldes y tenemos nuestra juridicidad, así como unas construcciones sociales y políticas de proyección de país.

Si en el Proceso de Paz que Santos desarrolló exitosamente para desarmar a las Farc, el torrente de “legalidad” era implícito, ratificado por la final incorporación o sumisión de aquella guerrilla a las normas del Estado siguiendo el DDR, el Gobierno Duque fue redundante y puso apellido a esa paz del régimen: la llamó “paz con legalidad”, bajo el ideal y el slogan de la Paz Total se habla ahora en primer lugar y de forma predominante de “agrupaciones ilegales”, incluyendo en ese manto al ELN, buscando igualarle en esa tabla a otras expresiones caracterizadas por rasgos diametralmente opuestos a la insurgencia.

La referencia a la “ilegalidad” del ELN resulta innecesaria, sabemos que la hace el Estado para recargar la explicación que da a su propia presunción de “legalidad”, naturalmente la insurgencia revolucionaria es “ilegal” a la luz de las reglas dominantes, si no fuera contraria a la ley del régimen, no sería en nada rebelde, sin embargo, seguir en ese énfasis de “ilegalidad” como antesala señala dicho objetivo de equiparación antepuesta o precedente, para notoriamente suponer no sólo la legalidad preeminente del Estado sino la ficción de su legitimidad.

Un horizonte de salida política dialogada y negociada podrá generar una nueva legitimidad, no antes, el ELN mantiene sus propias normas, sus estructuras, sus programas, su sistema de resistencia, por lo tanto, la legitimidad no deriva de la capacidad de fuerza sino de los valores de un proyecto político e histórico que supere el desastre del DDR, Proyecto de una Colombia democrática, sobre el cual esperamos poder conversar para encaminar los cambios de fondo que el pueblo necesita.