Durante su intervención en el debate de control político ante la Comisión VII del Senado, la Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía, expuso la situación financiera del sector.

Lo anterior, en atención a los requerimientos del legislativo frente a la crisis de sostenibilidad de la red pública hospitalaria en Colombia y la reducción del presupuesto general para recursos de salud.

Dentro de las preocupaciones de la Comisión estuvieron: cargos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), acumulado de deudas por presupuestos máximos y aseguramiento.

La jefa de la cartera explicó cómo funcionan los mecanismos financieros del sector y cuáles son los problemas estructurales que presentan y ponen en riesgo la prestación del servicio.

Asimismo, señaló lo que se viene adelantando para solventar la situación, con miras a una transformación del sistema.

“La UPC es un cálculo que se hace con respecto al último trimestre, el comportamiento de las frecuencias de uso hacia el último trimestre. Justamente hoy estamos terminando la discusión. Haría yo mal en estar haciendo planteamientos, nuevamente, sobre discusiones que en este momento estamos haciendo con Hacienda; pero tengan la certeza que el sistema no va a tener ninguna desfinanciación”, indicó la Ministra Corcho.

Recordó que el Ministerio de Salud emite un acto administrativo en diciembre por medio del cual se determina el cálculo de la UPC, y que el Estado es el real asegurador, por ser el que aporta la UPC bajo el principio de aseguramiento social.

Este último concepto es el mecanismo de financiación público, que se adoptó hace tres décadas y que “me parece que fue uno de los grandes avances del sistema y eso hay que mantenerlo. El aseguramiento social no está en cuestión aquí, lo que está en cuestión es de ahí, para allá, qué pasa; porque de ahí es donde tenemos las dificultades”, dijo la funcionaria.

Parte de esos inconvenientes mencionados por Corcho, es que el cálculo se hace con el auto reporte que realizan las EPS del régimen contributivo y subsidiado, sin una auditoría que certifique que el servicio se prestó efectivamente.

Se hace un estudio de cobertura de valor, cuáles son los costos de esos procedimientos y cuáles son los registros que presentan, la consistencia interna de la información.

Ese cálculo de la UPC se hace con el periodo de experiencia del año pasado, se analiza en el año 2022 y se aplica al siguiente año.

“En este momento estamos terminando el análisis de la comisión asesora en la que participa el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, y el Departamento Nacional de Planeación para la definición del monto, de acuerdo con lo anterior y a los ajustes macroeconómicos de inflación”, reiteró.

Problemas estructurales

Dentro de las preocupaciones expuestas por el ministerio, está el hecho de que la UPC no tiene unos ajustadores por región que permitan la equidad del sistema de salud.

“No hay un cálculo que compense las inequidades de los territorios. En los territorios más dispersos son más costosas las atenciones de salud, porque es más costoso el transporte y es más costoso pagar un intensivista en el Guainía que en Bogotá; eso no lo tiene en cuenta la UPC”.

Además, la Unidad de Pago por Capitación no cuenta con ajustadores e indicadores incentivos a la prevención.

“El sistema está diseñado para ser un barril sin fondo en donde se privilegia la enfermedad, el alto costo. Lo mejor que le puede pasar a una EAPB es que la gente esté enferma, porque factura más contra el Estado. Todo lo contrario a un seguro privado”.

Precisamente, por el tema de la prevención, al final de su intervención ahondó en el programa preventivo y predictivo de atención primaria en salud, presentado recientemente en Aracataca (Magdalena), que se viene implementando en más de 200 municipios, con el fin de orientar el sistema hacia una transformación que beneficie su financiamiento y la calidad de vida de las personas.

Dentro de su ponencia habló también de los Presupuestos Máximos, que “para 2023 está estimado en $3.8 billones extra al aumento de la UPC y estos son recursos extra al fondo de salvamento que tendrá que generar Hacienda para cubrir parte de la deuda del hueco fiscal que tiene el sistema”.

De igual manera, desglosó cómo se ha adelantado el mecanismo de Punto Final Nación y Territorio, así como los Giros Directos, apuntando que en todo este proceso no puede ser un solo actor del sistema (las EAPB) el que se encargue de todos los procedimientos que tiene este, como lo es contratar, facturar, pagar, cuando los recursos pueden llegar directamente a los prestadores y garantizar su sostenibilidad.

“Es un problema estructural del sistema. Si tú no resuelves el problema estructural del sistema, el sistema es no financiable. Si el sistema no hace predicción, si el sistema no tiene unos mecanismos expeditos de control del sistema de información del gasto, el sistema es no financiable. Va a estar desfinanciado siempre”, dijo.

Y concluyó al expresar que los argumentos expuestos no tienen nada que ver con ideologías, sino que es una realidad que hay que afrontar y resolver entre todos, legislativo y ejecutivo, para lograr una salida, una alternativa, con una transición bien hecha y consensuada.

*Con información del Ministerio de Salud