El Presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció este sábado sobre la deportación de los presos colombianos, por parte de Ecuador.

"Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar", indicó el mandatario.

El Gobierno del vecino país indicó que serán mil los deportados.

"Esta acción reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el orden público", aseguró el Ministerio del Interior de Ecuador en un comunicado, después de que Colombia confirmó horas antes que ya había recibido cerca de 450 personas en la frontera.

"El proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: Amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse", afirmó Petro.

Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar.

El proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse.

Si la grancolombia…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2025

Según el Gobierno de Ecuador, durante este mes se instalaron cerca de 1.000 audiencias individualizadas para personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, como parte de un proceso administrativo de deportación que se fundamenta en un acuerdo ministerial suscrito el 2 de julio.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra y controla las prisiones, gestionó la presentación de los reos ante los jueces y, en un plazo de 24 horas, los magistrados conocieron la resolución administrativa de deportación y emitieron las boletas de excarcelación.

"Una vez emitidas esas boletas, el SNAI procede con la excarcelación y, posteriormente, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración, ejecuta la deportación a Colombia por el Puente Internacional de Rumichaca", explicó la cartera de Estado.

Y reiteró que el proceso se realiza bajo "estrictos protocolos de seguridad e irrestricto respeto a los derechos humanos y con la debida reserva de información, garantizando los procesos legales y los derechos fundamentales de cada persona privada de libertad".