Entre 2016 y 2017 los colombianos vieron como las FARC, hasta ese momento la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina, dejaba las armas e iniciaba el camino de la legalidad, un éxito sin precedentes que ahora se ve opacado por el crecimiento de grupos disidentes como consecuencia del fracaso de la reintegración.

Prueba de ello es el autodenominado "Frente Oliver Sinisterra", conformado, según las autoridades, por más de medio centenar de disidentes de las FARC dedicados al narcotráfico y al mando de Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", que ha sembrado el terror en la zona de frontera con Ecuador.

Ese grupo ha mostrado claramente como los nuevos grupos traen un repunte de la violencia y la sevicia, que quedó en evidencia con el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

Que un grupo de guerrilleros se quedara empuñando las armas era previsible, especialmente los más dedicados al narcotráfico, pero lo cierto es que, según admitió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, los disidentes ya son al menos 1.200.

Para ellos, en su mayoría mandos medios y guerrilleros rasos que no conocen otro oficio que el de la guerra, las dudas se multiplicaban al no saber a qué se iban a dedicar en la paz.

Tampoco su futuro en libertad era claro, ya que el acuerdo incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una ley de amnistía excepto para quienes hubieran cometido graves crímenes, lo que les ponía en el punto de mira de la justicia.

Si de por sí esa bruma no les permitía ver un futuro claro, las dudas de muchos aumentaron cuando llegaron a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que se desarmaron.

Allí comenzaron a ver que el Gobierno no cumplía los plazos establecidos para la reincorporación. Tan es así que el desarme concluyó y las ZVTN seguían sin contar con todas las instalaciones listas.

Fue así que muchos comenzaron a marcharse y a unirse a las disidencias, descontentos con la incapacidad del Gobierno para atender sus demandas y para ocupar los espacios que dejaron las FARC.

Según explica a Efe el analista y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, la estrategia militar del Estado "se diseñó muy tarde", ya que el denominado Plan Victoria destinado a las antiguas zonas de conflicto "comenzó casi siete meses después de que las FARC se concentraron" en las ZVTN.

Además, recordó que hasta principios de este año no se puso en marcha el "Plan Horus", destinado al municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador y el que cuenta con más hectáreas sembradas con coca en todo el país.

Precisamente, ese extenso municipio se ha convertido en el ejemplo del fracaso de la desmovilización de las FARC, ya que allí puede verse con notoria claridad a grupos disidentes y otras bandas criminales que operan en la zona.

Ávila explica que con la salida de las FARC comenzó "una disputa por el territorio", tal y como ha pasado en la frontera de Colombia y Ecuador, donde "había una estructura de las FARC y hoy hay doce grupos criminales disputándose el territorio".

Según los datos con que cuentan en su fundación, actualmente hay 15 grupos disidentes que tienen presencia en 50 municipios, mientras que las antiguas FARC estaban en 242 municipios.

Sin embargo, para Ávila en este momento esos grupos disidentes "son reincidentes que están dedicados al narcotráfico pero no tienen un proyecto político estable, ni una visión ideológica".

"Son narcos, las FARC ya desaparecieron. Hay gente que está detrás del negocio ilegal, aunque debido al debate electoral hay quienes creen posible que tengan un estatus político pero no es así", subraya el analista.

Sin embargo, en algo coincide con Villegas y es en que el número de miembros de esos grupos han crecido hasta llegar a los 1.200, lo que demuestra el control que tienen sobre el territorio.

Ahora, con el retraso narrado por Ávila, las Fuerzas Armadas y de Policía deben trabajar contra el tiempo para frenar el crecimiento de estos grupos que siguen creciendo mientras que muchos guerrilleros no encuentran alternativas.

Gonzalo Domínguez Loeda-EFE