Un escándalo de corrupción, de ámbito internacional, sacude a la compañía española Indra, por presuntos sobornos entregados para hacerse a un contrato de consultoría del Metro de Quito (Ecuador).

Los hechos fueron puestos en conocimiento público por el portal español El Confidencial y recogidos la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (Quito Honesto), que interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades ecuatorianas.

De acuerdo con dichas versiones, en junio de 2013, Metro de Quito adjudicó el contrato de asesoría al Consorcio GMQ, conformado por las españolas Bustren, KV Consultores y Prointec, la filial de ingeniería civil de Indra, por 15,3 millones de dólares.

Según el portal español El Confidencial, “las diligencias fiscales han permitido recabar indicios que apuntan a que el consorcio pagó al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para asegurarse el encargo”.

“A partir de la publicación de la nota periodística de España y que fue difundida por medios de comunicación y redes sociales, Quito Honesto en cumplimiento de su misión que es prevenir, controlar, identificar, investigar, todo presunto hecho de corrupción que se de en el municipio de Quito, hemos tomado las acciones inmediatas”, expresó Mauricio Riofrio, presidente de Quito Honesto.

Precisó que por estos hechos “hay un proceso también en la Contraloría General del Estado, hay otro en España, probablemente haya otro en la Fiscalía General del Estado en Ecuador y tenemos un proceso ya instaurado en Quito Honesto por la Comisión Anticorrupción y creo que los hechos que se produjeron en 2013 no obstan para que en 2022 se puedan seguir todos los proyectos que se están dando en el Metro de Quito”.

Destacó que “la autonomía y la independencia con la que actúa Quito Honesto es una muestra de ello.Nosotros no tenemos compromisos, el Alcalde así ha sido clara en dar la libertad total y la autonomía para que podamos funcionar de manera independiente. Lo que hay que hacer es garantizar a la ciudadanía la estricta legalidad con diligencia y transparencia”.

Lo que llama la atención sobre esta situación es que la compañía española Indra es la misma a la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil le otorgó, el 29 de enero de 2021, un proceso de selección abreviada de menor cuantía, por 27.161 millones 619 mil 750 pesos, por la compra de un software para realizar los escrutinios de las elecciones 2022 en Colombia.

Esta contratación se complementa con la que ya había realizado la Registraduría, por 1 billón de pesos, con la Unión Temporal Disproel 2021 para el proceso de inscripción de cédulas, recolección de datos y selección de jurados, entre otros.

Ambos procesos de contratación han sido blancos de serios cuestionamientos por la forma como fueron realizados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los cuales, incluso, algunos sectores han reclamado la salida del titular de ese despacho Alexander Vega Rocha, debido a las graves situaciones presentadas durante las elecciones legislativas.