Uno de los puntos que quedaron sonando después del pronunciamiento del Registrador Nacional Hernán Penagos sobre el futuro de la consulta popular vía decreto, iniciativa impulsada por el Presidente Gustavo Petro, es la seria preocupación sobre las implicaciones económicas y jurídicas de convocar la misma, cuyo costo estimado ascendería a 750.000 millones de pesos. 

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Según declaraciones del Registrador Nacional, esta inversión podría constituir un detrimento patrimonial para el Estado si la consulta no llegara a realizarse porque sea declarada inconstitucional, lo que a su vez podría desencadenar investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra los funcionarios involucrados.

Preocupa al Registrador, la premura con la que el Presidente Gustavo Petro quiere la consulta popular (7 de agosto), pues no es posible organizarla en 53 días y se requiere de por lo menos tres meses, previo visto bueno de las cortes y de los entes de control.

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"Hay que ser prudentes y respetuosos, pero también hay que cuidar los recursos públicos", afirmó el Registrador. 

Subrayó, además, la complejidad del escenario actual, donde más de 150 demandas, incluyendo acciones de tutela, nulidad y solicitudes de inconstitucionalidad, cursan en las cortes. 

"Comprometer 750.000 millones de pesos hoy sin saber el resultado de semejantes controversias jurídicas, pues obviamente exige esperar hacia dónde debemos conducirnos", añadió.

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Penagos recalcó que “es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada".

El funcionario se refirió a los riesgos de tomar una decisión apresurada. Además del detrimento patrimonial, destacó que esta compleja discusión podría conducir a una ruptura del orden institucional en Colombia y generar inseguridad jurídica al evidenciar un enfrentamiento entre dos ramas del poder público.

"Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país", concluyó el Registrador Nacional, enfatizando la necesidad de una directriz clara por parte del poder judicial antes de comprometer los vastos recursos públicos.