Desde el Gobierno lo saben, el proyecto de Ley de sometimiento que radicó el Ministerio de Justicia está cada vez más cerca de hundirse que de ser aprobada en el Congreso. 

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque afirmó ser "optimista" porque la ley reduciría "las estructuras criminales” y “bajaría los asesinatos por parte del sicariato", admitió que no tiene un clima político favorable.

"Tengo que aceptar que el ambiente se enrarece con lo que ha pasado en los últimos días", indicó Benedetti.

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A lo que se refiere el jefe de la política en el Gobierno nacional es que el país la semana pasada sufrió la muerte de 13 policías y seis civiles en dos atentados criminales.

El primero de ellos contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, acabando en forma violenta con la vida de más de una decena de uniformados y el segundo por la explosión de un camión con explosivos en Cali.

Además, hoy se confirmó que 34 militares fueron secuestrados en el Guaviare, después de participar en una operación que dejó como resultado el abatimiento de alias ‘Dumar’.

Ponencia para archivar la ley

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, confirmó que radicarán una ponencia de archivo para hundir esta ley.

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"El próximo lunes vamos a radicar la ponencia de archivo a la ley de sometimiento del Gobierno nacional, no hay justificación alguna para darle beneficios, reducción de penas y hasta que mantengan su patrimonio, cuando el país está incendiado", dijo el congresista del Centro Democrático.

Uscátegui señaló como "cinismo" que Petro esté pidiendo "beneficios para esas estructuras criminales". 

¿Qué es la ley de sometimiento?

El proyecto de ley, según el Gobierno, busca establecer un tratamiento penal diferenciado para lograr el desmantelamiento y sometimiento de diversas organizaciones al margen de la ley.

Establece un marco de aplicación diferenciado para grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y grupos armados organizados (GAO), estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), financiadores y colaboradores, y personas procesadas o condenadas por delitos en el marco de la protesta social.

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Brinda penas alternativas y reducidas de entre 5 y 8 años para los máximos responsables de crímenes graves, mientras que de 2 a 5 años para aquellos sin rol de dirección.

Prioriza la reparación colectiva del daño a las víctimas y restauración del tejido social en territorios y el enfoque de las investigaciones será a los máximos responsables.

El requisito fundamental es contribuir con verdad y se habilitarán lugares especiales para el cumplimiento de las penas.